Tres investigadores del Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información integraron el equipo de expertos que elaboró un análisis con proyecciones financieras hasta 2050 para el Consejo Consultivo Previsional.
Los académicos Juan Díaz, Pablo Gutiérrez y Christian Ferrada, del Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, participaron como expertos externos en el estudio Análisis de la migración en Chile: caracterización y desafíos para el Pilar Solidario, encargado a una consultora especializada por el Consejo Consultivo Previsional. El equipo lo completaron Juan Luis Correa, como jefe de proyecto, y César Ravinet, como experto legal.
El estudio desarrolla proyecciones demográficas y financieras hasta 2050. Su hallazgo central indica que la población migrante elegible para la Pensión Garantizada Universal (PGU) —personas mayores de 65 años con 20 o más años de residencia— pasaría de 13.464 en 2022 a más de 511.792 en 2050, lo que equivale a un aumento de al menos 35 veces en ese período.
En términos fiscales, el gasto asociado a migrantes pasaría de representar un 0,0184% del PIB en 2025 a situarse entre el 0,35% y 0,39% del PIB proyectado para 2050. El académico Christian Ferrada, quien participó como experto en el análisis, señaló que «el gasto fiscal destinado a pensiones para migrantes se multiplicará por 29 en un horizonte de 25 años, evidenciando un crecimiento exponencial».
Ferrada explicó que el impacto en el Pilar Solidario ha sido limitado hasta ahora porque la mayoría de la población migrante se encuentra en edad laboral activa y no cumple aún con el requisito de 20 años de residencia. Sin embargo, advirtió que el gasto se acelerará principalmente desde la década de 2040, «cuando las cohortes masivas que ingresaron entre 2017 y 2024 alcancen al mismo tiempo la edad y la antigüedad de residencia requeridas por la ley».
El estudio consideró supuestos como la continuidad de un flujo migratorio positivo y moderado, la ausencia de una salida masiva de migrantes durante el período analizado, y la condición de que los trabajadores informales, al no acumular ahorro previsional, serían elegibles para la PGU independientemente de su nivel de ingreso laboral.
Respecto de las conclusiones en materia de política pública, Ferrada indicó que los resultados «justifican la necesidad de tener una planificación previsional y fiscal pensada a largo plazo». El académico precisó además que una evaluación integral de la sostenibilidad fiscal requeriría ampliar el análisis para proyectar también los ingresos fiscales que genera la población migrante vía pago de impuestos.