A poco más de tres meses de la entrada en vigencia de la Ley de Protección de Datos Personales, aún no se nombra a los tres consejeros del organismo fiscalizador. El académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, David Díaz, sostiene que sin la agencia instalada no existirá el sistema encargado de recibir reclamos, fiscalizar y sancionar los incumplimientos.
Según consignó El Mercurio, en su suplemento Chile Tecnológico, la Ley de Protección de Datos Personales debe entrar en vigencia el 1 de diciembre, pero el organismo que deberá fiscalizar su cumplimiento todavía no cuenta con autoridades ni capacidad operativa. La situación llevó al Gobierno a evaluar una eventual postergación, aunque hasta ahora la fecha se mantiene.
David Díaz, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, señaló al medio que la ausencia de la agencia dejaría sin sistema al proceso de recepción de reclamos, fiscalización y sanción de incumplimientos.
De acuerdo a los cálculos de Díaz, citados por el suplemento, aunque los consejeros fueran nombrados de inmediato, se necesitarían entre seis y doce meses para contar con una agencia operativa, período en el que también deberán contratarse especialistas, habilitarse sistemas de reclamación y dictarse las normas que la propia ley le encarga al organismo.
El académico planteó como alternativa mantener el 1 de diciembre para la entrada en vigencia de los derechos y obligaciones que establece la normativa, pero aplazar temporalmente las sanciones. En ese sentido, consideró razonable una gradualidad de no más de seis meses, vinculada a la instalación efectiva de la agencia.
La nueva Agencia de Datos, según establece la ley, recibirá reclamaciones, fiscalizará a empresas e instituciones públicas, dictará instrucciones y aplicará sanciones. Estará dirigida por tres consejeros propuestos por el Presidente de la República y ratificados por dos tercios del Senado; la primera propuesta enviada al Congreso no logró el respaldo necesario.
Una comisión asesora ministerial propuso que la institución comience a operar con al menos 50 funcionarios, además de los tres consejeros, y un presupuesto de $4.178 millones para su primer año, cifra que supera la estimación original de cerca de $1.700 millones y 19 funcionarios.