En miras a un crecimiento económico del país, especialistas en inteligencia artificial fueron llamados por la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión del Ministerio de Economía para la evaluación e implementación de sistemas pilotos de IA para la tramitación de iniciativas de inversión. Entre los expertos, se encuentran un profesor titular de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y dos alumni de dicha unidad académica y la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas.
La Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión (OASI) del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, convocó a una mesa de expertos con el fin de que estos especialistas evalúen criterios y estándares para la implementación de un proyectos de inteligencia artificial con el propósito de disminuir los tiempos de tramitación de iniciativas de inversión.
Entre los integrantes de la mesa están Gabriel Weintraub, profesor titular del Departamento de Administración de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile; Cristóbal Huneeus, ingeniero civil de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas; y Alexis Montecinos, ingeniero comercial de la U. de Chile.
El especialista en inteligencia artificial y ciencia de datos, Gabriel Weintraub, explica que el grupo se encuentra buscando procesos de entregas de permisos que sean factibles, “que tengan condiciones de admisibilidad razonables”, los cuales se puedan convertir en ejemplos paradigmáticos de implementaciones de IA para aumentar la eficiencia en el Estado.
Por otro lado, destaca la aplicación de IA en el desarrollo regulatorio en el ámbito de la inversión en el país como una oportunidad. “Podría traducirse en mayor productividad, inversión y crecimiento. Pero la tecnología por sí sola no basta: el desafío es también rediseñar los procesos e identificar las condiciones necesarias para una implementación exitosa”, expresó el académico
Avance legislativo en favor de la inversión
En septiembre de 2025 fue aprobada la Ley N.° 21.770, denominada Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, que estableció un encuadre general para cumplir, estandarizar y coordinar formas de aprobación de actividades económicas sometidas a limitaciones regulatorias. Esto creó el Sistema de Regulación y Evaluación Sectorial, de la cual es parte la OASI, representada por su jefe Pablo Eguiguren.
Procesos complejos, dispersión institucional y tiempos de tramitación de alrededor de 6,6 años promedio impulsaron a la OASI la implementación de una agenda que promueva la modernización del sistema de permisos sectoriales y una certeza jurídica de las iniciativas de inversión.
De esta manera, el organismo lleva trabajando en un proyecto piloto de inteligencia artificial para la revisión técnica y legal de los proyectos por parte del Estado. Esta idea se realiza junto a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas con motivo de evaluar concesiones marítimas, siendo el primer organismo en probar esta herramienta.
Grupo de expertos en IA
Al mismo tiempo, se conformó una mesa de expertos en inteligencia artificial para la evaluación de los criterios y el avance de la estrategia para la implementación y la adopción de este sistema en otros sectores donde se aplicará.
En esta línea, Gabriel Weintraub se refiere al tipo de iniciativas a las que podría extenderse esta tecnología avanzada para los permisos sectoriales. “Estamos pensando en casos de uso que tengan un alto retorno a la inversión, en el sentido de que sean realizables en corto y mediano plazo, y que además tengan un impacto importante. Uno pensaría en procesos que ojalá puedan fomentar la inversión y el crecimiento del país”, precisó.
Respecto de esa experiencia con el proyecto piloto con la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, Weintraub adelanta que está avanzando bien, “en términos de tener muy bien identificadas las condiciones de admisibilidad, muy bien descrito el detalle del proceso y tomando decisiones de dónde priorizamos, de dónde empezar a hacer los primeros cambios”.
El resto de los miembros de la mesa, son Loreto Bravo, del Instituto Data Science de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo; Sebastián Mozó, socio de MMR Abogados; y Gonzalo Oyanedel, gerente de IA de Walmart Chile.
Medio ambiente en este proceso
Una de las materias que quedan excluidas de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales serían las autorizaciones dependientes del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), uno de los pasos que más genera tensiones entre inversión, cuidado medioambiental y crecimiento económico.
Este marco legal puntualiza que los órganos sectoriales “no podrán solicitar información sobre requisitos ambientales ya evaluados, denegar los correspondientes permisos” ni “imponer nuevas condiciones o exigencias que no sean establecidas en la resolución de calificación ambiental”.
En cuanto al uso de inteligencia artificial para la gestión pública y privada, la exdirectora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), definido como un órgano de gestión ambiental preventiva, y académica del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la U. de Chile, Valentina Durán, la inteligencia artificial “tiene un enorme potencial”.
Desde su punto de vista, “las instituciones públicas tienen que mantenerse a la vanguardia fortaleciendo sus capacidades tanto en seguridad de la información, como en gestión y análisis de datos, cumpliendo desde luego la normativa en materia de protección de datos personales”.
No obstante, la académica destaca la preocupación actual de los permisos relacionados al medio ambiente, destacando la importancia de agilizar los trámites que podrían asegurar la certeza a inversores y, más adelante, el crecimiento económico.
“Se pueden utilizar todos esos datos abiertos almacenados, como información útil para la gestión, para elevar los estándares ambientales, agilizar los procesos y unificar criterios”, menciona. En ese sentido, asegura distintas actualizaciones del sistema electrónico en la automatización, trazabilidad y en el análisis territorial.
Asimismo, plantea que “lo mismo puede y debe hacerse en otras áreas de la gestión pública como el otorgamiento de autorizaciones sectoriales, concesiones marítimas, y también en materia de fiscalización ambiental, sanitaria y sectorial”.