El documento propone reforzar las medidas de corto plazo anunciadas por el Gobierno y avanzar en siete reformas estructurales, entre ellas indemnización a todo evento, sala cuna y adaptabilidad laboral. Lo comentaron el decano Óscar Landerretche, la economista Cecilia Cifuentes y el exministro de Hacienda Nicolás Grau.
La Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile fue sede este miércoles 30 de septiembre de la presentación del estudio «Diagnóstico y propuestas para enfrentar la crisis de empleo», elaborado por los centros de estudios Horizontal y Pivotes. Tras las palabras de bienvenida del decano de la FEN, Óscar Landerretche, presentaron el documento María José Abud, directora ejecutiva de Horizontal, y Soledad Hormazábal, directora de Evidencia de Pivotes.
Luego lo comentaron Cecilia Cifuentes, directora del Centro de Estudios Financieros del ESE Business School de la Universidad de los Andes, y Nicolás Grau, exministro de Hacienda. Ambos coincidieron en lo central del diagnóstico y de las propuestas, con matices sobre cómo construir los acuerdos políticos necesarios para implementarlas.
El seminario coincidió con la publicación de la Encuesta Nacional de Empleo del INE, que registró una tasa de desocupación de 9,6% en el trimestre junio-agosto.
En su intervención, el decano Landerretche sostuvo que, «para la inmensa mayoría de las familias chilenas, el crecimiento existe solo si llega por una puerta: la del mercado laboral». Por eso propuso medir el crecimiento por la masa de ingreso laboral real per cápita. Según el decano, en julio ese indicador estaba apenas 0,7% por encima del nivel de septiembre de 2019. «Cuando la gente dice en la encuesta que el país está estancado, no está confundida; está leyendo correctamente su propio mercado laboral», afirmó.
Sobre la transición tecnológica, recordó que las grandes revoluciones productivas terminaron creando más empleo del que destruyeron, pero advirtió que ese proceso no es automático. «La lección para Chile no es resistir la tecnología. La lección es que lo largo y lo cruel de la transición dependen de la política pública», señaló. También cuestionó la idea de un ingreso básico universal como respuesta a la automatización. Para argumentar, recurrió a la tradición marxista, a la doctrina social de la Iglesia y a la figura de Joe Biden. «El trabajo no es solo una fuente de ingreso, es una fuente de dignidad, de pertenencia, de reconocimiento de los demás» , dijo Landerretche.
Un mercado laboral que no se recupera
Soledad Hormazábal de Pivotes expuso el diagnóstico. «Nunca volvimos a recuperarnos de la pandemia», dijo. Mientras en la región y en la OCDE el desempleo ya volvió a sus niveles prepandemia, en Chile la tasa de desocupación sigue 2 puntos porcentuales sobre la de mediados de 2019, la de ocupación está 2,1 puntos por debajo y la participación laboral, 0,9 puntos por debajo. El país suma 44 meses consecutivos con desempleo sobre 8%. Según los datos del INE publicados hoy, el número de ocupados cayó 0,9% en doce meses.
La investigadora advirtió además que hoy son más los trabajadores que dejan su empleo por despido que por renuncia, lo contrario de la tendencia histórica. «No es que la gente de repente se haya vuelto mucho más contenta con sus trabajos, sino que no ve a dónde irse», explicó. El Índice de Avisos Laborales del Banco Central acumula una caída de 13,4% desde 2023.
Entre las causas, el estudio apunta al alza de los costos de contratación. Entre abril de 2023 y enero de 2025 el salario mínimo subió 24,5%, frente a un IPC de 7,0% y un alza promedio de remuneraciones de 14,2%. A eso se suman la reducción de la jornada a 40 horas y los seis puntos adicionales de cotización del empleador de la reforma previsional. Según el Banco Central, en las empresas más expuestas al salario mínimo los salarios crecieron 4,8% más que en el resto, pero el empleo cayó 5,6%. «Las intenciones no bastan», dijo Hormazábal. Sostuvo que esas alzas llegaron en un período corto y de bajo crecimiento, sin compensaciones que redujeran otros costos laborales.
El documento también muestra que entre febrero de 2020 y febrero de 2026 la actividad económica creció 12%, mientras el empleo lo hizo solo 3%. A partir de las estimaciones del Banco Central sobre la tasa de desempleo compatible con inflación estable, Hormazábal descompuso la tasa actual en tres partes: un piso histórico cercano a 7%, uno a dos puntos estructurales que se sumaron en los últimos años y entre medio y un punto coyuntural. Así, aunque la economía se recupere, el desempleo no bajaría de alrededor de 8,5% sin reformas.
«Va en la dirección correcta, pero no es suficiente»
La directora ejecutiva de Horizontal, María José Abud, presentó la agenda, organizada en dos velocidades que, según dijo, deben avanzar en paralelo. Sobre el plan «Chile Despega» anunciado por el Gobierno, afirmó: «Nos parece que va en la dirección correcta, pero no es suficiente».
El cálculo de Horizontal y Pivotes, que la propia Abud presentó como aproximado, estima que el plan generaría unos 70 mil puestos de trabajo. Esto equivale a una baja de 0,7 a 0,8 puntos en la tasa de desempleo, por debajo de la meta oficial de 100 mil empleos. La cifra incluye unos 50 mil empleos del subsidio a la contratación (de sus 100 mil cupos, tras descontar un 50% de «peso muerto», es decir, contrataciones que habrían ocurrido de todas formas), alrededor de 6.800 por la ejecución de inversión comprometida para 2026 y cerca de 2.400 este año y 9.900 en 2027 por inversión nueva.
Como medidas de corto plazo, el estudio propone agregar al menos 200 mil cupos al subsidio y extender su duración de cuatro a doce meses con retiro gradual. «La literatura muestra que cuatro meses es poco para mover la aguja», dijo Abud. También plantea exigir un aumento de la nómina de las empresas beneficiarias, para evitar que se reemplace a trabajadores en lugar de sumar nuevos. Otras propuestas son reasignar recursos de la Ley de Presupuestos hacia programas de empleo, como Aprendices y el programa 4 a 7, y evaluar dobles turnos en obras públicas.
La agenda estructural contempla siete frentes: reforma a la sala cuna y avance en cobertura de jardín infantil entre los 2 y 4 años, indemnización a todo evento, adaptabilidad laboral, transformación del SENCE en una Agencia de Capital Humano, cambios al reglamento de la Ley Karin, un nuevo sistema de focalización social que no castigue el progreso y la reestructuración del sistema de licencias médicas.
Sobre la indemnización por años de servicio, Abud precisó: «No nos gustaría eliminar la indemnización, sino, al contrario, fortalecer el derecho y que efectivamente sea para todos los trabajadores». Según el documento, solo el 14,3% de las relaciones laborales termina con derecho a este pago. La propuesta es un sistema de cuentas individuales financiado por el empleador, voluntario para los nuevos contratos. Con una cotización de 2%, se alcanzaría el promedio OCDE de 2,7 sueldos tras diez años. Sobre la Ley Karin, el estudio consigna que solo en el 20,6% de los casos resueltos por la Dirección del Trabajo se constató vulneración.
Consenso técnico, nudo político
Cecilia Cifuentes dijo que su coincidencia con las propuestas es «superior a 90%, por no decir 100%». Sostuvo que el obstáculo no es técnico: «El problema que tenemos es más político, porque estos consensos técnicos no permean en lo político». Como ejemplo puso la sala cuna, un debate en el que participa desde 2010.
La economista agregó que desde 2014 la productividad media del trabajo creció 8%, mientras el costo laboral real, según el índice del INE, aumentó 32%. Sumó el efecto de la judicialización, que en muchos casos eleva las indemnizaciones pagadas. Apoyó que los nuevos contratos partan con indemnización a todo evento y que los trabajadores actuales puedan optar. Además, descartó que el cambio tecnológico explique por sí solo la crisis: «Al menos hasta ahora, no podemos echarle la culpa a la tecnología», apuntó Cifuentes.
Nicolás Grau coincidió en aumentar el tamaño y la rapidez de las medidas de corto plazo. Advirtió que, con los datos fiscales a julio, la contención del gasto se ha concentrado en el gasto de capital, con una caída de la inversión pública. Aunque se cumplan los anuncios, dijo, esa inversión quedaría por debajo de lo presupuestado.
El exministro planteó que el acuerdo entre economistas no se traslada al mundo laboral porque «la relación laboral es una relación de poder». Según Grau, la visión económica tiende a olvidar ese problema y la visión laboral suele concentrarse solo en él. Como ejemplo, citó el acuerdo del sector minero durante la tramitación de la ley de 40 horas: trabajadores y empleadores pactaron traspasar las dos horas de reducción a días de vacaciones para mantener los turnos. «Lo que hay que hacer es dar más libertad, pero igualar las condiciones para esa conversación», afirmó.