Un aumento en los tiempos de tramitación por sobre los 500 días, una caída significativa en proyectos calificados y un costo económico que supera los US$800 millones marcaron los resultados del primer informe trimestral 2026 del Observatorio de Tramitación y Evaluación de Inversiones (OTEI) de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Las cifras fueron el eje del Conversatorio “Permisos y regulación: cómo acelerar la inversión para un nuevo ciclo”, organizado junto a Alta Dirección FEN U. de Chile.
El encuentro fue inaugurado por el Director Ejecutivo de Alta Dirección FEN U. de Chile, Álvaro Clarke, quien destacó la relevancia del tema señalando que “la toma de decisiones empresariales tiene un impacto que trasciende a las organizaciones y alcanza a toda la sociedad”, enfatizando que avanzar hacia procesos más ágiles y reglas claras es clave para un nuevo ciclo de desarrollo.
El informe, presentado por Jorge Valverde, Director Ejecutivo del OTEI y académico FEN, evidenció señales mixtas. Por un lado, la inversión ingresada durante el primer trimestre casi triplicó la del periodo anterior. Sin embargo, la inversión efectivamente calificada cayó en un 45%, reflejando una brecha crítica entre intención y materialización de proyectos.
A ello se suma que el número de proyectos ingresados alcanzó su nivel más bajo del periodo analizado, mientras que los proyectos calificados registraron una caída superior al 20%. En términos de tiempos, el promedio de tramitación volvió a superar los 500 días, consolidando un salto estructural desde los 450 días observados en periodos anteriores.
Particular preocupación generaron los plazos asociados a Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA), que alcanzaron nuevamente niveles cercanos a los 1.400 días, contrastando con una leve mejora en las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), que registraron sus menores tiempos en cinco trimestres.
En el análisis sectorial, el informe mostró un reordenamiento relevante: el sector inmobiliario lideró la inversión, mientras la minería evidenció un repunte significativo y el sector energía retrocedió al tercer lugar, reflejando un escenario de estancamiento. A nivel territorial, las regiones de Antofagasta y Bío Bío concentraron el 83% de la inversión, evidenciando una alta concentración geográfica.
Uno de los puntos más críticos abordados fue el costo económico de los permisos ambientales, que alcanzó los US$826 millones en el trimestre, con un sobrecosto estimado cercano al 75% del total. En paralelo, los permisos sectoriales sumaron US$168 millones, en un contexto donde solo 20 proyectos iniciaron construcción, todos de menor escala.
Durante el panel de conversación, moderado por el Decano de la Facultad de Economía y Negocios, José De Gregorio, se abordaron los desafíos institucionales y regulatorios que explican estos resultados.
Pablo Eguiguren, Jefe de la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión (OASI) del Ministerio de Economía, enfatizó la necesidad de modernizar el sistema: “Hoy día tenemos un sistema que no conversa entre sí. Hay múltiples permisos, múltiples agencias, y eso termina generando incertidumbre en los inversionistas”, sostuvo, agregando que avanzar en coordinación institucional es clave para reducir tiempos.
Desde el sector privado, Paola Basaure, Vicepresidenta de Asuntos Corporativos y Gestión Socioambiental de Transelec, puso el foco en la predictibilidad: “No es solo un tema de tiempo, es un tema de certeza. Cuando los proyectos no tienen claridad en los plazos ni en los criterios, se encarecen y muchas veces simplemente no se ejecutan”, afirmó.
En tanto, Rodrigo Yáñez, Secretario General de SOFOFA, advirtió sobre el impacto macroeconómico del problema: “Chile está perdiendo competitividad en inversión. Si no somos capaces de hacer más eficientes nuestros procesos regulatorios, vamos a seguir postergando proyectos que son clave para el crecimiento”, señaló.
En su rol de moderador, José De Gregorio, Decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, manifestó la necesidad de avanzar hacia un sistema de permisos más coherente y predecible, promoviendo el diálogo entre sector público y privado, destacando que la calidad de la regulación es tan relevante como su eficiencia para impulsar la inversión y fortalecer la confianza en las instituciones.
Otro hallazgo relevante del informe fue la alta concentración de la inversión, que se aproxima nuevamente al 90%, lo que sugiere una fuerte dependencia de pocos proyectos de gran escala. Asimismo, se observó que el 76% de la inversión ingresada en el trimestre se concentró en los primeros 20 días del nuevo gobierno, un fenómeno significativamente superior a cambios de administración anteriores.
El conversatorio concluyó con un llamado transversal a fortalecer la institucionalidad, simplificar procesos y avanzar hacia una mayor coordinación entre organismos públicos, con el objetivo de reducir tiempos, costos y niveles de incertidumbre. Además, dejó en evidencia que la tramitación de permisos sigue siendo un factor determinante para el desarrollo económico del país.
En un escenario que exige reactivar la inversión, los desafíos no solo pasan por agilizar procesos, sino por construir un sistema más predecible, eficiente y alineado con las necesidades de un nuevo ciclo de crecimiento para Chile.
Revisa el conversatorio en el siguiente enlance: https://www.youtube.com/watch?v=qM4TapIchSQ&t=5433s