El Observatorio de Tramitación y Evaluación de Inversiones (OTEI) de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile presentó su segundo informe trimestral con un dato inquietante: solo en 2025 el sobrecosto asociado a los atrasos en la evaluación ambiental de proyectos supera los US$ 1.300 millones, una carga que podría escalar hasta el 1 % del PIB si la tendencia se mantiene. Durante el encuentro, el decano José De Gregorio llamó a transformar la entrega de datos en un hábito nacional. “Esto no solo es entregar información confiable; debe convertirse en un ritual que midamos de forma sistemática para incidir en la política pública”.
El director ejecutivo del OTEI, Jorge Valverde, explicó que el indicador de concentración de inversión creado por el laboratorio revela una fuerte concentración de la inversión: “El 10 % de los proyectos más grandes representa el 89 % del capital declarado este trimestre, de modo que cualquier retraso en ese grupo golpea el crecimiento del país”.
Entre los comentaristas, la abogada ambiental Marcela Klein subrayó que los mayores perjudicados son los emprendimientos de menor tamaño. “El costo económico de la tramitación ambiental es especialmente duro para quienes no tienen la espalda financiera para absorber atrasos; para un proyecto mediano puede significar la viabilidad misma de la iniciativa”.
La presidenta de SOFOFA, Rosario Navarro, conectó las cifras con la desaceleración de la última década. “Chile lleva diez años de crecimiento escuálido y los permisos que se demoran demasiado tiempo son una de las principales trabas; contar con evidencia dura nos permite volver a la ruta del crecimiento”.
Desde la mirada de las políticas públicas, el ex ministro del Medio Ambiente Pablo Badenier recordó que la complejidad regulatoria se ha disparado. “Tramitar un proyecto hoy es mucho más difícil que antes porque hemos ido sumando nuevas legislaciones sin evaluar cuánto complica la evaluación ambiental; es hora de revisar esa sobrecarga”.
Con este primer “entregable”, como lo definió De Gregorio, la FEN aspira a instalar un monitoreo permanente de plazos, sobrecostos y desempeño institucional del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y así buscar reducir la incertidumbre regulatoria para destrabar inversión, empleo y productividad sin renunciar a altos estándares de protección ambiental.
Revisa el informe completo en la web del Lab en Crecimiento y Competitividad de la FEN Uchile.