Un análisis histórico del SEIA muestra un cambio estructural el año 2013 respecto a las cifras de entrada de proyectos, de inversión ingresada y de inversión calificada el año.
Una estudio elaborado por el Observatorio de la Trayectoria de Inversiones (OTEI) de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile reveló un fenómeno preocupante para el desarrollo económico del país: los tiempos de tramitación ambiental en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) se han multiplicado por cuatro desde el año 2000 a la fecha. Mientras que las tasas promedio de aprobación de los proyectos han disminuido progresivamente durante el mismo periodo.
La investigación, liderada por Jorge Valverde, director ejecutivo del OTEI-FEN, identifica un punto de inflexión en 2013, año desde el cual la tendencia de la mayoría de las variables cambian. “Por ejemplo, la entrada de proyectos cae explicado por la entrada en vigencia del cambio normativo que prohíbe el fraccionamiento de proyectos. Por ende, este cambio parece endógeno al sistema. No obstante, la inversión ingresada rompe su tendencia al alza, comenzando una tendencia plana con mayor volatilidad desde entonces, lo cual no debiese haberse afectado por las modificaciones normativas. De igual forma, la inversión calificada comienza una tendencia a la baja”, explicó Valverde a El Mercurio.
Respecto a los tiempos de tramitación, según los datos, mientras en 2012 el promedio de días de tramitación era de 139, en 2023 alcanzó los 276 días. En paralelo, el monto de inversión calificada disminuyó . Este fenómeno se enmarca en la discusión nacional sobre la llamada “permisología” y la necesidad de destrabar inversiones sin sacrificar los estándares ambientales.
Una de las ventajas comparativas de este estudio es que se basa en una base de datos depurada que elimina doble contabilización en las variables estudiadas. De esta forma se demuestra que utilizar los datos brutos que emanan desde el SEA puede llevar a importantes sobreestimaciones. Por ejemplo, la entrada de proyectos y la inversión calificada se pueden sobreestimar hasta en un 40% y 60% respectivamente.
Para Valverde, los mayores tiempos reflejan un sistema cada vez más complejo y burocrático, que no necesariamente se condice con una mayor protección de la biodiversidad y el medio ambiente. Pero que además, tiene consecuencias importantes sobre las decisiones de inversión. “Mientras más me demoro en sacar esos proyectos, su rentabilidad va cayendo. Por lo tanto, se busca una inversión alternativa, que puede ser en Chile o no”, advierte.