En esta columna de opinión publicada en El Mercurio, el profesor Alejandro Micco plantea la posibilidad de avanzar hacia un seguro catastrófico para la vivienda que combine responsabilidad pública y privada, con el fin de distribuir mejor los costos y evitar la improvisación fiscal en futuras reconstrucciones.
Cuando se le pregunta al ministro de Vivienda por “la reconstrucción”, hay que ser bastante más específico: ¿de cuál de las decenas de reconstrucciones vigentes estamos hablando? Del terremoto del 27F, los incendios forestales de 2017 en la zona centro-sur, las inundaciones de 2023, los incendios de Ñuble y Biobío, el megaincendio de la región de Valparaíso de 2024, y ahora se sumarán los damnificados de las inundaciones en el Norte.
Al momento de una catástrofe, el país reacciona: aparecen la solidaridad, los recursos públicos y la atención de los medios. Pero la preocupación disminuye con los días, mientras las familias afectadas siguen esperando. En medio de la emergencia es difícil pensar en soluciones de largo plazo. Precisamente por eso hay que hacerlo antes.
Hace algunos días, Déficit Cero convocó a académicos, exautoridades y personas vinculadas al mundo de los seguros a una mesa para comenzar a pensar este problema. En buena hora. La pregunta de fondo era sencilla: ¿cómo incorporamos al Estado, los hogares, las compañías de seguros y reaseguros y los organismos internacionales en una política permanente frente a las catástrofes?
Porque, aunque no lo llamemos así, Chile ya tiene un seguro catastrófico. Funciona, eso sí, de una manera bastante peculiar: el Estado es el asegurador de última instancia, pero no cobra una prima, acumula pocos recursos previamente y transfiere muy poco del riesgo. Simplemente paga después del desastre.
Y paga montos importantes. El costo fiscal total asociado al 27F alcanzó aproximadamente US$5.900 millones; los incendios de 2017, cerca de US$350 millones; las inundaciones de 2023, más de US$500 millones; y el megaincendio de Valparaíso de 2024, alrededor de US$730 millones. Son cifras que no solo incluyen el gasto en vivienda, también consideran infraestructura, reactivación económica y otros gastos.
Esos recursos provienen de reasignaciones presupuestarias, fondos extraordinarios o medidas tributarias. En definitiva, recursos destinados a otros proyectos y políticas, que ya habían sido planeadas, deben postergarse para enfrentar un riesgo que sabemos que volverá a ocurrir.
A esto se suma la baja cobertura privada. Entre un cuarto y un tercio de las viviendas tienen seguro contra incendio y/o terremoto, dejando cerca de cinco millones sin cobertura. Una parte de ellas, ya sea por informalidad, problemas de títulos o baja capacidad de pago, tienen además la complejidad de ser difícilmente asegurables.
Aquí aparece una alternativa que vale la pena estudiar: avanzar hacia algún tipo de seguro catastrófico para la vivienda, combinando responsabilidad privada con protección pública. Para esto, no es necesario inventar la pólvora. Turquía tiene un sistema obligatorio frente a terremotos; Nueva Zelanda una cobertura ampliamente extendida a desastres naturales; y otros países han desarrollado mecanismos para que el propio Estado transfiera parte del riesgo a los mercados internacionales. Los diseños son distintos, pero comparten una lógica: prepararse y distribuir el riesgo antes de que ocurra la catástrofe.
Una alternativa a estudiar, entre otras, sería que los propietarios paguen una prima, mediante mecanismos competitivos similares a los que ya existen para los seguros asociados a créditos hipotecarios, con subsidios para los hogares vulnerables. Esto podría complementarse con una cobertura tomada por el Estado que transfiera parte del riesgo a reaseguradores internacionales o al mercado de capitales.
Además del beneficio fiscal, un esquema establecido de antemano podría acelerar la reconstrucción. Hoy, después de cada desastre, hay que volver a conseguir recursos, definir beneficiarios, diseñar programas y poner en marcha una enorme maquinaria administrativa.
Naturalmente, quedan muchas preguntas. ¿Debe el seguro ser obligatorio? ¿Quién paga la prima? ¿Cómo cubrir a quienes no pueden pagarla o a las viviendas informales? ¿Cuánto riesgo debe retener el Estado y cuánto transferir? Son precisamente las preguntas que esta discusión debe responder.
Pero hay algo que sabemos: Chile seguirá teniendo terremotos, incendios e inundaciones y, de una u otra manera, seguiremos pagando por ellos. La decisión no es si pagar o no, sino cómo distribuir mejor ese costo entre hogares, Estado y mercados de seguros y reaseguros, y cómo prepararnos antes en vez de improvisar después.
Para un país permanentemente en reconstrucción, no parece una discusión que podamos seguir postergando.
Fuente: El Mercurio.