«Nuestros cuerpos deliberantes no han tenido poder político para hacer cambios constitucionales, sino sólo para hacer recomendaciones a los cuerpos políticos», explicó Rachael Walsh, profesora asistente de Derecho del Trinity College de Dublín, quien integró el grupo asesor de expertos de la Asamblea Constituyente de Irlanda convocada en 2016 para hacer las propuestas que derivaron en la derogación de la Octava Enmienda, que impedía el aborto, tras el referéndum de 2018. Lo anterior explica que de las 28 recomendaciones surgidas de las asambleas a la fecha sólo cuatro tuvieron apoyo político para derivar en referéndums, tres de las cuales fueron aprobadas (el voto popular sólo rechazó la que proponía bajar la edad para ser candidato a la presidencia de 35 a 21 años).

«Un grado de especulación para explicar este bajo resultado –que puede verse como positivo o negativo según la perspectiva– es que si miramos el patrón de recomendaciones con aceptación política vemos que el gobierno ha sido reticente a las recomendaciones que implican gasto (como los derechos sociales y culturales); las que involucran enmiendas complejas o cambios poco predecibles a la Constitución; o  iniciativas de democracia directa, que habrían diluido el poder del gobierno y del Congreso», agregó.

Walsh expuso este martes (13 de octubre) en el cuarto webinar del ciclo «Procesos constituyentes en democracia» en el que se abordó el caso de ese país, organizado por las facultades de Economía y Negocios y de Derecho de la Universidad de Chile, a través programa Lexen.

La experta entregó una visión general sobre el contexto en que se ha desarrollado el “experimento” irlandés para involucrar a los ciudadanos comunes y corrientes en los procesos de reforma constitucional desde 2012. A su juicio la explicación sobre qué hizo que la cultura política irlandesa se abriera a dar este espacio es, valga la redundancia, altamente política: «Han sido un instrumento de mediación de los desacuerdos entre los partidos en torno a reformas constitucionales».


«La primera se Asamblea Ciudadana se estableció en respuesta a disensos entre socios de coalición gobernante sobre si la Constitución debía ser enmendada para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. En este desacuerdo se convino involucrar a los ciudadanos. En el caso del aborto podemos rastrear el proceso ciudadano a la formación de un gobierno de minoría que recurrió a la asamblea para obtener apoyo de políticos independientes para conseguir la mayoría».

La Constitución irlandesa, promulgada en 1937, establece que la propuesta para una enmienda debe pasar el filtro de ambas casas parlamentarias y luego se somete a referéndum para que el pueblo se pronuncie: «En nuestro sistema el gobierno casi siempre tiene mayoría legislativa, así es que puede plantear una reforma constitucional y someterla a la voluntad del pueblo. Pero desde 2012 se introdujo una capa adicional de compromiso ciudadano armando pequeños grupos seleccionados al azar para aprender de temas constitucionales, deliberar sobre ellos y hacer recomendaciones de cambio al Parlamento y al gobierno».


Agregó que la recomendación de más alto perfil que surgió de la asamblea de 2012 fue que la Constitución debía ser cambiada para permitir matrimonio del mismo sexo, lo que se adoptó por referéndum, pero esa convención hizo otras recomendaciones de reforma constitucional que no se recogieron. Entre 2016 y 2018 la Asamblea de Ciudadanos ?a la que Walsh asesoró? presentó entre otros temas el del aborto, que tomó mucha fuerza y fue la propuesta que se sometió al proceso político y a referéndum. En enero de 2020 partió una nueva asamblea para analizar reformas constitucionales que permitan mejorar la igualdad de género; quedó en pausa por la pandemia, pero este sábado retomarán las sesiones, por primera vez en el formato en línea, abiertas a todos quienes quieran seguirlas. 


Cada asamblea es establecida por una resolución parlamentaria y reporta al Parlamento o a comités temáticos. Sobre la composición de las asambleas, Walsh explicó que la primera tuvo un alto involucramiento de políticos: 33 de los 100 miembros fueron designados por los partidos en proporción con su representación parlamentaria, y el resto se eligió al azar. En las siguientes no ha habido participantes directos de partidos. 

Comentó que el proceso deliberativo ha ampliado el enfoque respecto de las materias de cambio constitucional por parte de los partidos; y que al alargar el proceso previo a los referéndums les han dado más tiempo para sondear cómo la opinión pública evoluciona respecto a los temas en cuestión: «Ha tenido un efecto liberador para los políticos porque en temas muy contenciosos como el aborto los dos principales partidos permitieron voto libre, lo que no habría sido el caso».


Detalló que se han adoptado procesos muy transparentes, ya que se informaron los criterios para seleccionar a los asesores expertos (se les exigió no haber escrito ni opinado sobre los temas) y los últimos procesos han transmitidos sesiones en vivo, las presentaciones se subieron a la web para que cualquiera pudiera informarse en las mismas condiciones que los asambleístas, entre otras cosas. Pero que también se deja espacio para la reflexión privada.  


Comentaron la exposición Sergio Verdugo, profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho e investigador del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo; y Diego Pardow, profesor del Departamento de Derecho Económico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y codirector del programa Lexen. Moderó Guillermo Larraín, profesor asociado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y codirector de Lexen.