Columna publicada en diario La Tercera el 28 de mayo

La crisis de las isapres ha caído en una especie de agujero negro creado por las fallas de nuestra política.

 

Lo primero es el comportamiento de las isapres, lamentablemente caracterizado por demasiados casos de maltrato a sus clientes y que, por ende, invoca poco afecto en sus usuarios. Esto sumado a una postura pública que huele demasiado al uso oportunista de la clásica posición de too big to fail hace que uno los mire de soslayo, con los ojos achinados.

 

Segundo, la incapacidad que ha tenido el sector y el regulador para controlar los costos del sistema. Por ejemplo: la práctica de encargar excesos de exámenes poco necesarios pero que generan negocio para clínicas y laboratorios; o el abuso y fraude de las licencias médicas que todos sabemos se ha convertido en una herramienta de la relación laboral cuando no de frescura.

 

Tercero, la incapacidad de las autoridades de reaccionar oportunamente frente a una crisis de gobernabilidad del mecanismo de reajuste de planes y precios que lleva más de una década; lo que terminó delegando de facto este problema en el poder judicial.

 

Cuarto, el entusiasmo de ese Poder Judicial para otorgar beneficios, decretar prestaciones, regular precios y universalizar criterios de política pública, de muy discutible base técnica, bypaseando la discusión democrática y el control presupuestario que debe tener toda política social.

 

Quinto, la histeria oportunista con que los políticos de moda y los sectores extremos, que dominan a la política de hoy, llevan todos los problemas públicos a una suerte de ruleta rusa, en que, por cierto, el revólver se apunta a las sienes de los ciudadanos, no las suyas.

 

Sexto, lo de fondo: nuestro retraso en construir, sobre la base del sistema de garantías explícitas, un seguro solidario universal que garantice acceso equitativo a salud de calidad, sin segregación por clase social o diferencias de trato para personas de mayor edad o con preexistencias; con mayor predictibilidad de cotizaciones; con gratuidad focalizada en los ingresos bajos, progresividad de cobros a través de las clases medias y, por ende, un esperable déficit que se debe financiar desde impuestos generales.

 

Esto requiere de una derecha que entienda que algo así demanda una carga tributaria más alta y una izquierda que entienda que una expansión de servicio así solo es factible haciendo uso instrumental de prestadores privados.

 

Requiere una derecha que entienda que como la abrumadora mayoría se atiende en el sistema público, se necesita mucha inversión para garantizar una atención oportuna y de calidad; y una izquierda que entienda que hospitales y consultorios necesitan mejorar harto su gestión.

 

Requiere una derecha que entienda que las cotizaciones obligatorias deben ser usadas para un seguro solidario universal y no para otros atributos de servicio que, sin duda, mejoran la experiencia del usuario, pero que no tiene sentido financiar con un seguro público. Pero de una izquierda que entienda que, en el mundo real, siempre van a existir personas que legítimamente valoran esa experiencia de usuario de la salud privada. Eso significa que inevitablemente tendrá que haber un mercado de seguros complementarios de salud, voluntario, en que las personas puedan sumar privadamente a su beneficio garantizado universal y así acceder a prestadores más caros si así lo prefieren.

 

En fin, podríamos seguir enumerando ingredientes que han contribuido a este lío. Es como un agujero negro, ese fenómeno cósmico en que se concentra tanta masa que nadie puede escapar al colapso y que lo arrastra todo.

 

Óscar Landerretche
Académico Depto. Economía