* Publicada en El Mostrador el 10 de diciembre

Un avance importante en el debate en torno a la implantación de políticas públicas, es la convicción que éstas deben estar “basadas en evidencia”. Ello significa que, en la medida de lo posible, tanto los datos disponibles, como la información de contexto, deben ser analizados en profundidad en el marco de las técnicas de evaluación más reconocidas sobre la materia. Los hechos en desarrollo en torno al Servicio Local de Educación de Atacama, en el cual se ha registrado un prolongado conflicto entre el colegio de profesores y el servicio referido, han arrojado legítimas dudas en torno a los méritos de los nuevos Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), y la pertinencia del mandato legal, en función del cuál el proceso de “desmunicipalizacion” debiese completarse antes del 2030.

Aunque el modelo educativo implementado a inicios de los 80s, en virtud del cual la educación pública fue trasferida a la administración municipal ha presentado heterogeneidades en la calidad del servicio, uno de los ámbitos en los que la evidencia científica es clara y robusta, es que la educación es la esfera de acción del estado en la que la descentralización (administrativa, política y fiscal), posee mayores beneficios. En el caso de Chile, dicha evidencia indica que los municipios con mayor autonomía para decidir sobre materias de su competencia, son precisamente aquellos en los cuales el desempeño de la educación pública es mejor (Letelier y Ormeño 2018, 2023).  Por otro lado, es errado asumir que la centralización, que tiende a imponer un tratamiento único para todos los establecimientos, sea la mejor alternativa (“one fits all”). Dado los recursos disponibles, son muchos los municipios que tienen un desempeño satisfactorio, y en los cuales el traspaso de los colegios a los SLEP sería un retroceso.

El proceso iniciado el 2017 mediante la “Nueva Educación Pública”, supone una nueva gobernanza de los colegios, en virtud de la cual la rendición de cuentas sobre su gestión recae en los directores de los SLEP, los cuales deben firmar un convenio de desempeño con el Ministerio de Educación (Dirección de Educación Pública). La vinculación con la comunidad, sólo se expresa en los llamados Consejos Locales de Educación, y al menos potencialmente, por la vía de convenios con los municipios interesados.

Un estudio reciente de Chumacero, Letelier y Rowland, utiliza datos posteriores a la implementación de los SLEP pero anteriores al 2019 (año del estallido social), para estudiar el efecto de la reforma referida sobre los puntajes en la prueba SIMCE. Los resultados encontrados muestran que, dependiendo de la metodología utilizada, en promedio, los establecimientos traspasados al régimen de SLEP no muestran mejoras significativas o presentan deterioros en rendimiento. El estudio también encuentra que el traspaso fue particularmente perjudicial para los establecimientos que, con anterioridad al traspaso, ya registraban un mal desempeño.

De lo anterior se desprenden tres conclusiones. La primera es que una solución única para un problema complejo no es una buena alternativa en el marco de recursos escasos y grandes desafíos de las políticas públicas. La segunda es que, para evitar consecuencias no deseadas, es fundamental que antes de implementar reformas de tanta magnitud e importancia, se mediten cuidadosamente los fundamentos que justifiquen su implementación. Finalmente, en todo momento, la evidencia científica debe estar por encima de cualquier consideración a priori en torno a la bondad de un modelo de gestión pública. Esto último no sólo es válido antes de implementar una nueva política, sino que también (aún más importante), una vez que ésta ya ha sido iniciada.

Rómulo Chumacero*
Académico en Depto. de Economía

* En coautoría con Leonardo Letelier S., Decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile