* Publicada en diario El Mercurio el 15 de agosto

 

Chile tendrá una nueva Constitución. Si gana el Apruebo será a partir de septiembre, si gana el Rechazo, en algún plazo por definir. Los contenidos de la propuesta de la Convención son conocidos y representan bien las aspiraciones de un porcentaje importante de la población. Si ganara el Rechazo, la derecha tendrá más influencia en la redacción de una alternativa. ChileVamos acaba de reiterar su compromiso público con ciertas ideas y ello fija un parámetro interesante de comparación con el texto actual.

 

Hay una luz de esperanza en la parte dogmática de ambos documentos. A nivel de los titulares al menos, hay coincidencias: un “Estado social y democrático de derecho”, que brinde un adecuado “acceso y ejercicio de los derechos sociales” mediante la “corresponsabilidad solidaria entre entidades públicas y órganos de la sociedad civil”.

 

Para estabilizar el contrato social chileno es crucial que todo el espectro político converja hacia principios comunes, dentro de los cuales el centro, la derecha y la izquierda puedan desplegar su visión del mundo. Esta es la principal tarea de nuestra época y donde todas las voluntades deben concentrarse.

 

Esta luz de esperanza tiene una consecuencia importante: en cualquier evento, el texto constitucional al que converja Chile tendrá un catálogo importante de derechos sociales. Como lo muestra nuestro estudio “Estimaciones de Costo Fiscal Directo de la propuesta de nueva Constitución”, efectuado con colegas de las universidades Católica y de Talca y del CEP, los derechos sociales son el componente de mayor costo dentro del texto que se propone plebiscitar en septiembre. El costo incremental que podría atribuirse a la propuesta constitucional ascendería a un rango de entre 8,9% y 14,2% del PIB por año.

 

Son cifras cuantiosas, ponen metas exigentes. Algunos las consideran inviables. El documento de Chile Vamos incluye los elementos más costosos de los derechos sociales, a saber “educación, salud, pensiones, vivienda y seguridad social en general, que haga posible una vida verdaderamente libre y digna”. Usando nuestras estimaciones gruesas para valorar dichas partidas, una Constitución alternativa podría tener un costo directo de entre 5,7% y 9,0% del PIB. Y si se agrega el concepto de paridad, que no aparece en el documento, podría estar entre 6,5% y 10,1% del PIB. Sigue siendo un desafío enorme.

 

Quizá la implementación de cada reforma difiera, pero sería extraño que el costo fiscal total fuera muy distinto. Habiendo una cierta convergencia sobre los temas de fondo, el problema es que la demanda por derechos sociales reconocida por todo el espectro político excede con creces la actual capacidad de financiamiento del Estado.

 

En efecto, entre 2005 y 2019, el gasto público subió de un 18,3% del PIB a un 26,5%, es decir, 8,2 puntos. Sin embargo, en el mismo período, los ingresos tributarios netos del gobierno central subieron solo 1,4 puntos, desde 16,2% del PIB en 2005, a 17,6% en 2019.

 

El problema fiscal es de proporciones. Si al nivel actual de gasto le sumamos 8,9% o 6,5% del PIB, dependiendo del escenario constitucional, estarán en riesgo la sostenibilidad fiscal y la posibilidad de cumplir los compromisos adquiridos.

 

Es decir, el debate económico de fondo será el mismo: cómo financiamos derechos sociales en cualquier escenario constitucional. Hay cuatro formas que debemos debatir y modelar: mejoras al sistema tributario, deuda pública, reforma del Estado y crecimiento económico.

 

El sistema tributario sufre hoy su segunda reforma en ocho años. La anterior no dio los resultados que se esperaban y hay dudas respecto de cuánto recaudará la actual. Quizá es el momento de debatir reformas más estructurales, como reducir el IVA y aumentar la cobertura del impuesto a la renta. La deuda puede cumplir un rol acotado para financiar gastos transitorios, como los ''ajustes de stocks''.

 

La reforma del Estado es esencial para que la ciudadanía tenga acceso a más y mejores bienes y servicios. Pero ¿cómo hacerla, cómo mejorar la administración pública? Difícil respuesta.

 

Finalmente, tenemos que desbloquear el crecimiento. Desde 2015, el crecimiento per cápita es apenas de 0,8%. Para crecer al 4% no hay un diagnóstico compartido sobre cómo hacerlo. ¿Cuánta política industrial, cuántos incentivos tributarios, qué restricciones ambientales, qué relaciones laborales, cuánta más competencia, dónde colaborar?

 

Chile está en el pasillo estrecho del desarrollo. El debate constitucional es crucial en la medida que haya convergencia. Parece ser que el Estado social y democrático de derecho es una pieza clave. La tarea ahora es que converjamos en una estrategia global y compartida de desarrollo económico para financiar el enorme esfuerzo de gasto que la ciudadanía reclama.

Guillermo Larraín
Académico FEN