*Publicada en Diario Financiero el 5 de agosto

En las últimas semanas la discusión, aprobación e implementación del proyecto de retiro de los fondos previsionales ha acaparado la atención de la opinión pública y la cobertura de los medios de comunicación, incluso superando a la propia pandemia. Todo este proceso sintetiza de alguna manera las dificultades, conflictos y contradicciones que hoy enfrentamos como sociedad.

Por una parte, resulta evidente que permitir que casi 11 millones de chilenos puedan acceder a parte de sus fondos previsionales ayuda a paliar en parte la profunda caída de ingresos que hoy sufren esas familias. Sin duda, inyectar alrededor de US$ 20.000 millones hará más llevadera la falta de empleo, favorecerá la demanda interna y ayudará a reducir la caída de la economía 2020 en hasta dos puntos porcentuales. Además, este proceso debiera mejorar la comprensión e involucramiento de los cotizantes con el sistema, desde lo más básico de obtener la clave y conocer su saldo, hasta valorar el ser dueño de una cuenta individual que crece en función de sus aportes y la rentabilidad que vaya obteniendo. Ya nadie podrá poner en duda que los recursos previsionales existen y pertenecen a los cotizantes.

Lo malo de esta iniciativa es que desvía recursos que estaban destinados específicamente a financiar las pensiones futuras y lo hace sin establecer un mecanismo para reponerlos. Si las pensiones ya eran bajas, ahora serán aún peores. Más aún, el efecto no es proporcional para los afiliados, ya que si bien el proyecto se presentó como el retiro del 10%, en la práctica el porcentaje varía significativamente entre ellos. Solo un 24% de los afiliados efectivamente retiraría un 10%, mientras que un 42% retiraría más del 10 % pero menos del 100% de su ahorro, y unos tres millones, equivalente a un 27% de los afiliados, podrán dejar sus cuentas en cero, o sea retirarlo todo. Otro aspecto negativo fue el bajo nivel de la discusión parlamentaria, tanto en la forma como en el fondo.

Quizás lo más feo del proyecto fue permitir que el monto retirado no sea considerado renta, quedando libre de impuesto para todos, sin excepción. Ello, porque en la práctica el escenario tributario que enfrenta quien retira representa la mejor indicación o señal de su real situación financiera y cómo ha sido afectado por la crisis. Lo anterior se explica debido a que la tasa de impuesto efectiva a pagar por el retiro depende del total de ingresos que la persona obtenga en el año. Por ejemplo, todos aquellos que incluyendo el retiro tengan ingresos totales en 2020 iguales o menores a 8 millones -situación que representa a la gran mayoría de quienes retirarán- quedan exentos de pago de impuesto. Por el contrario, quienes tengan ingresos anuales sobre 70 millones (unos 6 millones mensuales) tendrían que pagar la tasa marginal del 35% por cada peso retirado. Sin embargo, al eximir de impuesto el retiro se pierde dicha información, junto con los incentivos que genera, y se termina favoreciendo significativamente a los segmentos de mayores ingresos, una política claramente regresiva y desfocalizada.

Es de esperar que la necesaria, pero postergada reforma al sistema de Pensiones se debata con mayor altura de miras, analizando desapasionadamente la evidencia, escuchando a los expertos y sobre todo poniendo en el centro el interés general por sobre las consignas e ideologías.

Enrique Manzur
Vicedecano FEN