Publicada el 17 de agosto en Diario Financiero

 

El llamado “Pacto Fiscal para el Desarrollo” incluye a las PYME, con el foco en estimular su formalización y acompañarlas en su crecimiento, a través de distintos incentivos para disminuir el costo tributario. Desde los ministerios de Hacienda y Economía, se presentó la “Ruta del Emprendimiento”, que hace mención específicamente a las pequeñas y medianas empresas, cuyos ingresos anuales por venta van entre UF 2.400 y UF 100.000.

 

En concreto, la propuesta plantea un acompañamiento de cuatro años. En los primeros dos, se creará un monotributo, que corresponde al pago de un monto fijo (inicialmente 1 UTM), que sustituye el impuesto a la renta, el IVA y obligaciones previsionales. El tercer y cuarto año ingresarán al régimen tributario Pyme Transparente, en el que se incluye el beneficio del IVA, el cual permite que las organizaciones con ventas de hasta UF 2.400 puedan recuperar un porcentaje variable de ese impuesto. Sin embargo, nada se ha dicho respecto a lo que ocurre después de ese período y con los otros costos que las PYME deben incurrir para mantenerse en el sistema.

 

Sin duda, las medidas comunicadas son significativas y van en el sentido correcto, pero, al centrarse tan fuertemente en el ámbito tributario, desatienden otros aspectos cruciales que son evaluados por las PYME al momento de decidir su formalización. Esta última implica una serie de eventos de corto mediano y largo plazo (trámites, declaraciones, entre otras), que, finalmente, tienen un costo de oportunidad determinante en la producción, venta o administración del negocio. Eso es lo que la pyme evalúa antes de tomar cualquier decisión.

 

Otro factor a considerar es que estas medidas están dirigidas a empresas cuyos parámetros están basados en los ingresos por ventas totales (desde UF 2.400). Sin embargo, sus utilidades/ganancias, correspondientes a un período son mucho menores a esa cifra e, incluso, en los primeros años dichas PYME tienen una alta probabilidad de pérdida, lo que complejiza que puedan hacerse cargo de los nuevos costos y requerimientos que se les exige. Ser conscientes de esta realidad nos puede llevar a entender por qué muchas de ellas no dan ese paso.

 

Además, debe considerarse el alto costo que deben asumir para entrar al sistema (tributario, legal, financiero y económico) en diversos aspectos, que va mucho más allá del monetario.

 

Como país debemos aspirar a que todas las PYME puedan formalizarse y el plan del Gobierno es un aporte para avanzar en ello. La promesa es que esta propuesta inicial sumará nuevas iniciativas y lo esperable es que el resultado final tenga una mirada a largo plazo, más integral, incorporando a todos los organismos e instituciones que puedan dar apoyo a las PYME y que atienda sus necesidades en el presente y a futuro. Las pequeñas y medianas empresas necesitan recorrer este camino acompañadas, con herramientas y de la mano del Estado, para que sigan aportando y fortaleciendo más y mejor al país.

 

Verónica Pizarro
Académica DCS