* Publicado en diario La Tercera el 27 de septiembre

 

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) tiene como tarea evaluar la sostenibilidad de mediano y largo plazo de las finanzas públicas. En su reciente informe al Congreso, el CFA planteó la necesidad de lograr una trayectoria fiscal sostenible en los próximos años. En particular, el CFA señaló que “sin una reversión significativa de las medidas transitorias de la pandemia en 2022 y de efectuarse una reducción lenta del déficit estructural para los años posteriores (…), la deuda neta podría alcanzar niveles en torno a 100% del PIB en un horizonte de 15 años”. Este sería un nivel de deuda muy por sobre los niveles pre-pandemia que exhibía el Fisco chileno, en tono a 15% del PIB, y por sobre los niveles de 50% del PIB que exhiben en promedio las economías emergentes.

 

Si nuestra deuda pública hubiese estado cerca del 100% del PIB, el espacio fiscal que habríamos tenido para apoyar a familias y empresas frente al Covid-19 habría sido limitado. Así, es importante insistir en que una política fiscal responsable es siempre una política eminentemente progresista.

 

Un escenario de deuda pública sin un esfuerzo de consolidación fiscal implicaría, de acuerdo con las estimaciones del CFA, que el pago en intereses por parte del Fisco pasaría de representar un 1% del PIB en la actualidad a un 5% del PIB en las próximas dos décadas. Este es un cálculo “optimista”, pues no considera los potenciales efectos de una trayectoria fiscal de este tipo sobre costo de financiamiento del Estado y los privados. Iniciar un proceso creíble de consolidación fiscal es clave para evitar que prioridades en materias tales como cambio climático, educación, pensiones, salud, ciencia y tecnología, emprendimiento e innovación y empleo sean desplazadas por el pago de intereses o por la necesidad de un ajuste fiscal en un escenario de crisis en las finanzas públicas.

 

Es valorable que el gobierno haya anunciado un proyecto de ley de Presupuesto que considera una reducción significativa en el déficit fiscal estructural. Este déficit, que mide la diferencia entre lo que el gobierno gasta y sus ingresos permanentes, pasaría de 11,5% del PIB en 2021 a 3,9% del PIB en 2022. Pero lo anterior no implica en absoluto que la tarea esté realizada. Es un primer paso importante en un proceso de consolidación fiscal que será más largo. Un déficit fiscal estructural de 3,9% está muy por sobre el déficit de 1,5% en 2018. Y las perspectivas de crecimiento económico, que son claves para poder mejorar la dinámica fiscal, apuntan a un bajo dinamismo en los próximos años.

 

Es razonable que algunos actores miren con preocupación los potenciales efectos de una consolidación fiscal cuando todavía existen desafíos importantes en materia de empleo y de la propia pandemia. Pero lo cierto es que, dada la situación cíclica de nuestra economía, una consolidación fiscal menor no dejaría inalterada a la política monetaria. El Banco Central inició un proceso de aumento en la tasa de interés porque, en su evaluación, el mayor crecimiento de la actividad y la fuerte expansión del consumo ya habrían cerrado la brecha de actividad en nuestra economía. Un esfuerzo de consolidación fiscal menor implicaría un aumento en la brecha de actividad y, por lo tanto, mayores presiones inflacionarias que gatillarían un aumento aun mayor en la tasa de interés por parte del Banco Central. Esto implicaría un encarecimiento adicional en el costo de financiamiento de familias y empresas, que tendría como consecuencia una menor inversión y menos empleos.

 

Lo anterior no significa que el diseño de la política fiscal no deba responder a los desafíos en materia de empleo, particularmente de empleo femenino, que nuestro país enfrenta. Es necesario potenciar dentro del presupuesto aquellos componentes de gasto que fortalecen el crecimiento y el empleo, como planes de infraestructura, de vivienda y programas de capacitación con enfoque de género.

 

Es importante tener en consideración que la discusión respecto de la sostenibilidad de la política fiscal no es una discusión respecto de las preferencias por el tamaño del Estado. Suecia, donde el tamaño del Estado está en torno a 50% del PIB, tiene una deuda pública neta de 10% del PIB; mientras que Australia, que tiene un tamaño del Estado en torno a 37% del PIB, tenía una deuda pública neta de 25% del PIB previo a la pandemia y convergerá a niveles en torno a 50% del PIB post pandemia. Los países pueden tener preferencias distintas sobre el tamaño del Estado, lo que si tienen en común los países que cumplen sus compromisos con los ciudadanos es una política fiscal sostenible.

 

La consolidación fiscal que nuestro país requiere implementar es una parte de un todo mayor: un nuevo acuerdo fiscal. Es claro que hoy enfrentamos el desafío de una mayor y mejor provisión de bienes públicos, que nos permitan sofisticar nuestra estructura productiva a través de la innovación y generar empleos de calidad. También existe una legítima demanda por mayor redistribución que nos permita generar una mayor estabilidad social. Y este mayor esfuerzo en materia de gasto público requiere de un aumento en la carga tributaria y mayor progresividad de nuestra estructura tributaria. Pero también es muy cierto que para que esta mayor provisión de bienes públicos y de protección social sea sostenible en el tiempo, se requiere de un mayor crecimiento económico, que sea inclusivo y medioambientalmente sostenible. Solo un acuerdo político amplio y una implementación gradual pero decidida de un nuevo acuerdo fiscal, nos permitirá llevar adelante la transformación social y económica que nuestra ciudadanía anhela.

 

Luis Felipe Céspedes
Académico Depto. Economía