“La elaboración de una nueva Constitución no opera en el vacío histórico; es la expresión de un nuevo principio de legitimidad que se afirma de modo incuestionable en la ciudadanía, pero hay estructuras y superestructuras que existen en ese contexto donde opera el proceso constituyente, que actúan como elementos dinamizadores del proceso democrático o como rémoras de ese fluir de la voluntad constitucional”.

Ese fue uno de los planteamientos con que Ana Carmona, profesora de Derecho Constitucional y directora de dicho departamento en la Universidad de Sevilla, e investigadora responsable de distintos proyectos sobre derechos fundamentales en el espacio supranacional europeo, inició su exposición en el tercer webinar del ciclo “Procesos constituyentes en democracia”, en el que se abordó el caso de España. 

La académica enfatizó que por exitosa que sea ninguna experiencia es exportable: “Cada proceso es único e irrepetible, porque representa rasgos propios intransferibles a otros ordenamientos. No todos los procesos constituyentes parten de la misma premisa: unos buscan la integración, otros la ruptura con el pasado”.

Al analizar la transición política de España y la aprobación de la Constitución de 1978 llamó a no perder de vista que entonces ese país estaba saliendo de 40 años de la dictadura de Franco, a cuya muerte se puso de manifiesto la necesidad urgente de crear un sistema democrático y un orden de libertades y pluralismo político. Acotó que fue un proceso de transición sui generis: no se hizo tabla rasa del franquismo, ni se dinamitaron sus estructuras jurídicas, sino que se llevó a cabo un proceso de “voladura controlada del régimen”. A su juicio, fue un ejercicio de virtuosismo jurídico porque se usaron las estructuras del franquismo para desactivar con sus propias armas el sistema dictatorial.

Desde que se aprobó la ley para las reformas políticas hasta que se celebraron las elecciones constituyentes, en junio de 1977, se fueron aprobando normas que reintrodujeron la libertad de partidos, la libertad de prensa y se apruebó una legislación electoral. 

¿Cómo fue el proceso constituyente en España en palabras de Ana Carmona?:
“Estuvo dominado por un profundo anhelo de recuperar la democracia, el pluralismo y las libertades; y por una voluntad de reconciliación, de pasar página y mirar al futuro, superar la idea de las dos Españas y seguir adelante”.

Agregó que la transición no fue perfecta y exigió sacrificios; pero que fue una decisión consciente de la mayoría de los españoles. “Esto permitió que el espíritu de consenso prevaleciera. Todas las fuerzas políticas tomaron conciencia de la necesidad de llegar a acuerdos, la necesidad de pactar, de cesión recíproca”. En las cortes constituyentes estaban sentados el partido conservador, heredero del franquismo; el partido de centro, que ganó las elecciones, integrado por los jóvenes revisionistas del franquismo con Adolfo Suárez, adalid de la transición; y opositores del franquismo como el PS y PC, con diputados que habían sido encarcelados por el franquismo. Más fuerzas nacionalistas de territorios periféricos que reclamaban la autonomía.

Otro factor relevante fue que España había estado aislada del contexto europeo y debía tener una Constitución que cumpliera con los estándares democráticos de la entonces Comunidad Económica Europea.

Advirtió que hoy el revisionismo histórico quiere rebajar la importancia de la transición, pero fue un paso gigante hacia la democracia en tiempo récord, con el ejército franquista en sus cuarteles y con el azote terrorista de la ETA. 

Admitió que la última parte del proceso constituyente la hizo una comisión mixta de diputados y senadores a puerta cerrada, pero hizo hincapié en que hubo mucha negociación extraparlamentaria, que luego la ratificaron las cortes constitucionales y un referéndum: “Hoy, en cualquier país donde se abra un proceso constituyente, la asamblea que elabore la constitución estará expuesta al escrutinio de las redes sociales, lo que trae como consecuencia la simplificación o banalización de los mensajes políticos y del contenido deliberativo de las discusiones parlamentarias. Hace 40 años el debate era más sosegado”.

En cuanto a los contenidos, Carmona destacó que la Constitución define a España como un Estado social y democrático de derecho y una democracia representativa. Explicó que ser un Estado social implica incorporar mecanismos para la intervención del Estado para corregir desigualdades sobre la base de la economía de mercado; es un capitalismo monitoreado.
“La cuestión social forma parte del contenido de propiedad. El derecho de propiedad, de cuño neoliberal, está indisolublemente unido a su función social. Se introduce el deber de todo ciudadano de contribuir al gasto público por un sistema tributario progresivo. Hay un precepto que formula un mandato al poder público para remover los obstáculos que impiden la igualdad material de los individuos”, detalla. Esta carta considera algunos derechos sociales como fundamentales, mientras otros sólo son referenciales, y dependen de que se dicte una ley para poder reclamarlos.

La académica explicó también que aquellos aspectos conflictivos sobre los que no se pudo llegar a acuerdo en el proceso constituyente se dejaron para ser abordados a través de leyes orgánicas constitucionales, como fue el caso del financiamiento para las regiones autónomas.


Comentaron la exposición Sergio Verdugo, profesor de Derecho Constitucional e investigador del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo; y Diego Pardow, profesor del Departamento de Derecho Económico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y codirector del programa Lexen. Moderó Guillermo Larraín, profesor asociado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y codirector de Lexen.