De acuerdo a cifras del INE, en abril, el IPC de los alimentos subió 3,9%, acumulando en el año un 7,7%, lo que totaliza un alza de 13,6% en doce meses. Ante este mal escenario, han surgido propuestas para contrarrestar la espiral inflacionaria. Una de ellas, es eliminar o rebajar en forma transitoria el IVA asociado a alimentos de la canasta básica, como el aceite, arroz, el pollo y productos similares. Un proyecto parecido fue presentado en Uruguay y existen algunas experiencias en otros países, por lo que implementar una medida así resulta atractiva.

 

Al existir propuestas similares con anterioridad, los argumentos técnicos en contra de esta medida son conocidos. Sin embargo, vale la pena repasarlos, especialmente cuando tienen relación con el real efecto que pudiera tener en los precios.

 

En el IVA, lo que el contribuyente paga es la diferencia entre lo que la empresa soporta en sus compras (crédito fiscal) y lo que recarga en sus ventas (débito fiscal). La forma que tienen las empresas de usar el IVA que ellos pagaron al comprar insumos, es descontarlo del IVA que trasladan al consumidor final en la venta. Cuando se exime de IVA a un producto o servicio, se rompe la cadena.

 

La propuesta tiene, entre otras, tres dificultades. La primera se vincula a qué harán los vendedores de estos productos con el IVA crédito que se vaya acumulando. Existen mecanismos conocidos para solicitar la devolución del IVA crédito acumulado, como por adquisición de activo fijo. El problema de esta vía es que requiere de solicitudes administrativas que toman tiempo, por lo que la rebaja de precios podría no ser rápida. De no incorporarlo, este IVA, que no se recupera, pasará a ser un costo para la empresa, impidiendo la baja en los precios.

 

En segundo lugar, los bienes de primera necesidad tienen una demanda inelástica, o sea la cantidad demandada no varía por alzas de precios, pues son esenciales. En este caso, la población va a consumirlos, aunque aumenten su valor. Por lo mismo, nada indica que eximir de IVA a la venta disminuya sustancial y de manera permanente el precio. Por el contrario, es probable que los vendedores se queden con una parte del IVA exento. Los autores Benzarti y Carloni (2019) entregaron evidencia al respecto.

 

Un tercer problema se asocia con la focalización de la medida. Aunque se produjera una disminución de los precios, esta beneficiaría a todos los sectores, incluso a los de altos ingresos. Como consecuencia de ello, disminuye la recaudación fiscal y su efecto beneficia a quienes no son sujetos prioritarios de la herramienta.

 

No obstante, en políticas públicas, no es razonable desechar una propuesta sin efectuar un análisis detenido. El objetivo buscado y compartido es frenar el alza de precios. Tal vez, se debería estudiar una forma diferente.

 

Una alternativa sería aplicar un IVA personalizado, medida implementada en países como Canadá o Colombia. Tras la pandemia, en el país, se ha extendido el uso de tarjetas de débito y crédito para las compras. Las boletas y facturas permiten identificar al comprador; conocer qué ha comprado y a cuánto asciende el IVA. Teniendo esta información, resulta factible cruzarla, para determinar quiénes pertenecen a los sectores de menores ingresos, y así generar un mecanismo de devolución.

 

Se dice que la inflación es un “impuesto” que afecta a los más pobres. Un IVA personalizado, que implique la devolución de recursos a los que tienen menos puede ser el comienzo de un camino, que permita contrarrestar los efectos de la inflación. 

 

Gonzalo Polanco
Académico DCS