En el marco del segundo paquete económico anunciado por el gobierno para enfrentar los efectos en la economía del Covid-19, las autoridades económicas han señalado que, dado el alto déficit público proyectado para este año, el que alcanzaría un 8% del PIB, el espacio fiscal para nuevas medidas es acotado y que en caso de ser necesarias deberán venir acompañadas de reasignaciones en el actual gasto público.

 

Es comprensible y valorable que el gobierno sea cuidadoso en el manejo del espacio fiscal. Pero una de las características distintivas de la política fiscal en nuestro país es su implementación basada en el balance estructural. La regla de balance estructural evalúa la situación del Fisco desde una perspectiva de mediano plazo, no desde una perspectiva coyuntural como la que entrega el balance efectivo. Entender el origen del déficit fiscal y analizar la situación de la deuda pública es clave para determinar el espacio fiscal existente.

 

El punto de partida para 2020 es un déficit fiscal de 4,5% del PIB proyectado por Hacienda en marzo pasado. A este déficit tenemos que agregarle un 1% del PIB que es el efecto de la menor recaudación fiscal producto de la caída esperada en el precio del cobre para 2020, el que pasaría de 270 a 215 centavos la libra de acuerdo con las proyecciones del Banco Central (BC). Los ingresos permanentes del Fisco no debiesen sufrir mayor impacto si consideramos que el BC pronostica que el 2022 el precio del cobre será igual al precio de largo plazo del cobre, valor utilizado para calcular estos ingresos estructurales. El déficit aumentará también producto del menor crecimiento este año y su impacto en los ingresos tributarios. Si a lo anterior le sumamos el efecto de la “postergación” en el pago de impuestos y la rebaja “transitoria” del impuesto de timbres y estampilla, debiésemos esperar cerca de 2% del PIB en mayor déficit fiscal. Si asumimos que el PIB potencial de la economía no se ve afectado por este shock “transitorio”, concluiremos que el aumento en el déficit fiscal se generaría por pérdida de ingresos transitorios y no permanentes.

 

Otra conclusión del análisis anterior es que el aumento en el déficit fiscal tampoco se debe a un mayor gasto público. En algunos casos, las medidas anunciadas serán financiadas con reasignaciones mientras que en los otros casos las medidas anunciadas corresponden a gastos contingentes cuya materialización dependerá de la evolución de la economía.

 

La otra dimensión clave para determinar el espacio fiscal es el tamaño de la deuda pública. Si la deuda pública es muy alta, un país puede tener una política fiscal responsable y aun así enfrentar en algunos escenarios problemas de financiamiento. ¿Es este nuestro caso? No. Nuestra deuda pública neta del gobierno general es de 8,5% del PIB (cifras del FMI). A modo de comparación, los países emergentes del G20 tienen una deuda pública neta de 39% del PIB. Y los países desarrollados del G20 tiene una deuda pública neta de 81,5% del PIB. Es decir, el nivel de la deuda pública neta no parece ser un limitante para la implementación de medidas económicas con efectos transitorios en la situación fiscal.

 

Una última dimensión que no podemos olvidar para evaluar la sustentabilidad de la deuda pública es que ésta está íntimamente ligada a la trayectoria de crecimiento (y al nivel) del PIB. Si implementamos medidas económicas que eviten daños permanentes en la capacidad productiva del país, vamos a exhibir una mejor situación estructural del Fisco y una dinámica de deuda pública más saludable a futuro. Los anuncios de día de ayer en materia de acceso al crédito con condiciones favorables para nuestras empresas son bienvenidos por cuanto van en la línea de resguardar la capacidad productiva y de generación de empleo de nuestra economía.

 

Nuestro país ha construido una situación fiscal que nos permite implementar medidas para mitigar los efectos sobre las personas y la economía del necesario manejo sanitario del Covid-19. La estrategia de reasignación de gasto anunciada por el gobierno parece ser razonable cuando se trata de gasto que no será posible ejecutar y cuando ésta no afecta el adecuado funcionamiento del Estado. Pero ésta no puede ser la regla de financiamiento. La discusión respecto del tamaño del Estado, implícita en las preocupaciones de algunos analistas, debe ser parte de una discusión futura. Ahora es el momento implementar medidas que permitan evitar que los escenarios más adversos en materia de empleo y actividad económica se materialicen.

 

Luis Felipe Céspedes
Académico Depto. Economía
Ex Ministro de Economía