La reforma de pensiones, que pronto será anunciada, es un componente del paquete de reformas que se ha propuesto la administración del Presidente Boric. Al parecer, se aumentará la cotización en 6 por ciento de los ingresos, con cargo al empleador. Esos fondos irían a un ente solidario que se utilizaría para financiar pensiones de los afiliados a ese ente (eventualmente, todos los chilenos). Los chilenos tendríamos, entonces, tres tipos de jubilación: la Pensión Garantizada Universal (PGU), la pensión del ente intermedio (que, sin eufemismos, es un sistema de reparto) y la pensión de los fondos de pensiones que muchos de los que se estarán pensionando van a tener por varios años más.

Vale la pena preguntarse si este ente es necesario o si no sería más razonable aumentar gradualmente la PGU hasta que, en algunos años, llegue a los niveles del salario mínimo. El ente que se quiere crear va a entrar en déficit a muy corto plazo. Luego de la pandemia, la demografía de los chilenos ha exacerbado su tendencia al envejecimiento de la población, lo que implica que los aportes al ente irán disminuyendo rápidamente en relación con las necesidades de financiar las pensiones que se pagarán con cargo a él.

Si lo que se busca es mayor solidaridad, no necesitamos un sistema nuevo que parta de cero. La PGU ya la tiene: se paga con cargo a las rentas generales del Estado, que vienen de los contribuyentes, y los chilenos de más altos ingresos no la reciben. Un motivo para crear el nuevo ente es puramente ideológico: “No + AFP” ha calado hondo.

Dejando de lado la ideología y concentrándonos en las bajas pensiones que reciben muchas personas, las AFP sí tienen algunos problemas importantes que la política pública tendría que abordar. El más importante es el de las lagunas previsionales. Los trabajadores no cotizan cuando están desempleados, cuando se enferman o cuando se van del sector formal al informal, que en Chile emplea aproximadamente un 30 por ciento de la fuerza de trabajo. Corregir el problema de las lagunas tiene tres aspectos. El primero es hacer un esfuerzo decidido por disminuir la informalidad, ofreciendo incentivos a los empleadores para que se formalicen, tales como líneas de crédito transitorias para micro y pequeñas empresas en BancoEstado, junto con programas de capacitación para aumentar su productividad. Segundo, el seguro de desempleo debería tener un componente solidario mucho mayor e incluir un pago, por lo menos parcial, a la AFP del trabajador desempleado. El tercero es más difícil de implementar pero no menos importante: las mujeres se retiran de la fuerza de trabajo muy tempranamente para tener hijos y cuidarlos. El Estado debería reconocerlas como trabajadoras y exigir cotizaciones de pensiones por parte de sus parejas. Para aquellas que no tengan parejas estables, el Estado podría hacerlas por un período y facilitar su reinserción laboral con programas de capacitación y cuidados para menores.

Manuel Agosin
Académico Depto. de Economía