* Publicado en DF el 19 de agosto 

 

Un panorama desafiante se vislumbra para la administración tributaria, en cuanto a asegurar los recursos necesarios, que en 2020 incluyó una baja importante en la recaudación tributaria de los países, incluyendo a Chile con una caída de 1,8% de recaudación neta sobre el PIB, el que a su vez se redujo un 4%, respecto a 2019; así como la futura incorporación de las demandas y necesidades locales que surjan del proceso constituyente.

 

A ellos, se suma el contexto tributario global, con los estándares del Plan BEPS, el Marco inclusivo y la reciente aprobación de un acuerdo global que busca garantizar una distribución más justa de los beneficios de las empresas multinacionales en relación a los derechos de potestad tributaria, y el establecimiento de un impuesto mínimo mundial, para proteger la base impositiva de los países afectados; además de los efectos de la digitalización de la economía, que adiciona presión a la gestión del cumplimiento tributario.

 

Si bien el entorno operacional descrito afecta los objetivos y roles que cumple la administración tributaria, sigue resultando de la más alta relevancia la maximización del cumplimiento voluntario y la corrección del incumplimiento tributario, especialmente de las malas prácticas que pueden lesionar la legitimidad e integridad del sistema tributario.

 

En Chile, cerca del 98% de los impuestos recaudados es voluntario, mientras que el otro 2% proviene del control coercitivo, contando el país con altos estándares de desempeño. Esto es posible gracias a que la autoridad fiscal dispone de capital humano, instrumentos y herramientas, como las declaraciones y registros prellenados de IVA y Renta, entre otros, que ayudan y dan mayor certeza al cumplimiento del proceso tributario en un escenario cambiante.

 

Para mantener estos estándares de desempeño, las buenas prácticas globales muestran que es necesario dotar a la administración tributaria de capacidades que le permitan anticiparse a los cambios del entorno y el contexto operacional, lo que se logra al contar de una robusta gestión de riesgos institucionales y de incumplimiento tributario con altos niveles de autonomía.

 

De la mano de estos objetivos y prácticas, existen otros roles que las administraciones tributarias logran desarrollar, que son fundamentales para la sociedad. La OECD revela al menos 11 roles adicionales, incluyendo apoyo a la seguridad y beneficios sociales, por medio de la gestión de diferentes créditos y beneficios tributarios para empresas y familias. De igual forma, colabora con el sistema previsional; apoya la gestión de variadas medidas de alivio para paliar los efectos de la actual crisis sanitaria y da soporte en el diseño de política tributaria y la proyección de ingresos tributarios en el Presupuesto, cuya información es esencial.

 

Entendiendo el importante papel que juega en la sociedad y para mejorar el desempeño de sus objetivos, como el apoyo en estos otros roles, resulta primordial reforzar el acceso a información oportuna y de calidad. En este aspecto, la OECD da cuenta que existe espacio para fortalecer el acceso a información digital de flujos de pagos, arrendamientos y transacciones en internet, acceso a saldos bancarios y el perfil de cumplimiento frente a obligaciones no tributarias.

 

En línea con los desafíos anteriores, se requiere de una administración tributaria que pueda desplegar sus acciones sin injerencias o interferencias arbitrarias de terceros, pero bajo una atenta consideración a las demandas e inquietudes que surgen en la interacción con los contribuyentes, intermediarios tributarios y otros actores claves, para el correcto funcionamiento del sistema tributario. La estabilidad institucional y la integridad del sistema tributario resultan clave entonces, para el logro de los objetivos que surgen a contar de las demandas ciudadanas.

 

Nunca es tarde tomar medidas de corto y largo plazo de fortalecimiento de la administración tributaria, que permitan asegurar los recursos estructurales que se requieren, para lograr mayor estabilidad, predictibilidad y altos estándares de desempeño, como los observados en el último tiempo, fomentando con ello el bienestar de las personas.

 

Víctor Villalón
Académico DCS