* Publicada en diario La Tercera el 26 de noviembre

 

Hay buenas razones para pensar en una reforma potente del Servicio de Impuestos Internos (SII). Es demasiado importante y no podemos permitir que se nos deslice hacia el barranco de disfuncionalidad y pérdida de legitimidad que engulle a nuestro sistema institucional.

 

Hay razones de izquierda. Cualquier agenda política que busque, por ejemplo, subir la recaudación fiscal para financiar seguros sociales o correcciones significativas a la desigualdad económica, requiere de una ciudadanía que crea que, cualquiera sea la estructura tributaria que nos demos, todos pagamos lo que corresponde y nadie se salta la fila. Si no es así, primero, no será sorprendente que la gente encuentre racionalizaciones para evadir y eludir impuestos si creen que sólo pagan los “giles”, y segundo, difícil que la gente esté dispuesta a validar alzas tributarias, para pagar como imbéciles mientras los frescos evaden impunemente.

 

Hay razones de derecha. Las sociedades capitalistas exitosas están fundadas sobre el principio de la libertad individual acompañada de responsabilidad. Un claro ejemplo de esto es Estados Unidos, el centro del capitalismo financiero y el referente global, por siglos, de los estándares más radicales de libertad individual. La lógica del sistema institucional gringo es que usted tiene total libertad para actuar como agente económico; pero si usted infringe la ley, vienen las penas del infierno. Los gringos creen en la libertad económica, pero son completamente intolerantes con los evasores de impuestos. Allá es muy común que grandes empresarios que han cometido delitos económicos se vayan presos, a veces por bastante tiempo. Esa severidad legitima la libertad económica otorgando concretitud a la responsabilidad.

 

Durante la parte final de la dictadura y buena parte de la era de la Concertación, el SII fue, de facto, una institución autónoma. No lo era institucionalmente, pero sí políticamente, porque los jefes de Estado de esos tiempos decidieron nombrar a personas extremadamente capaces, empoderadas y dotadas de alta protección política. Los directores del SII fueron, por mucho tiempo, de facto intocables.

 

No tenía por qué haber sido así. El director del SII es un cargo de confianza de la Presidencia de la República. Es, finalmente, un designado político y, por ende, no hay ninguna garantía institucional de que tenga la independencia, por ejemplo, para investigar (o incluso antagonizar jurídicamente) a la persona que se encuentra ocupando la presidencia. Recordemos lo que ocurrió, ante los ojos de todo el país, con los temas tributarios asociados al financiamiento ilegal de la política. Los indicios recientes de corrupción tributaria asociadas a profesionales del cabildeo son una nueva campanada de alerta. Claramente se ha ido deteriorando la independencia del SII.

 

El SII debiera ser un organismo autónomo, con una planta funcionaria y profesional completamente de carrera, presidida por un directorio de alto estándar técnico y profesional, designados por períodos largos traslapados al estilo del Banco Central, muy bien pagados y de dedicación exclusiva. Su función debiera estar centrada en contratar, designar y supervisar el trabajo de un director ejecutivo del servicio, además de reportar periódicamente al Congreso sobre su desempeño en la recaudación efectiva, eficiente, justa y acorde a derecho. Una de sus misiones centrales debería ser reducir al mínimo todo tipo de evasión tributaria y cerrar al máximo los forados de elusión. Su gobierno corporativo debiera estar diseñado con un entorno de chequeos y balances que le otorgue independencia, pero que garantice que nunca sea capturado por intereses. Sería necesario, además, un fortalecimiento del sistema de tribunales tributarios y aduaneros con el objeto de dar garantías a los contribuyentes de que no serán perjudicados por sus excesos de celo.

 

Un SII como este podría, entre otras cosas, hacerse cargo de la recaudación de las cotizaciones previsionales en un sistema reformado en el que se separe esa función de la de administración financiera de los fondos. Su independencia garantizaría que aquella proporción de esas cotizaciones destinadas a cuentas individuales sean efectivamente asignadas para administración financiera, de acuerdo a las instrucciones de los cotizantes, con un corta fuego ante las tentaciones de la política. Esto permitiría, entre otras cosas, combatir una de las muchas razones detrás de las bajas pensiones de la que pocos hablan: la evasión y fraude de cotizaciones previsionales que es, finalmente, una evasión tributaria.

 

Una reforma como esta sería una señal potente de la clase política en que ésta renuncia a potestades de nombramiento discrecional en función del interés nacional. Y además sería una demostración de cómo instituciones autónomas, bien pensadas, con buenos gobiernos corporativos, no sólo no son inmovilizadoras sino todo lo contrario, son herramientas habilitadoras de la política, viabilizadoras de reformas importantes y potencialmente saneadoras de nuestro estado de ánimo público.

 

Óscar Landerretche
Académico Depto. Economía