* Publicada en Diario Financiero el 25 de mayo

 

El Covid-19 no está dando tregua. Diariamente los peaks de contagio en el país aumentan y el sistema de salud está llegando al límite de sus capacidades. Al mismo tiempo, la autoridad se encuentra en plena implementación de paquetes fiscales de apoyo para que empresas y hogares puedan sortear esta crisis, la peor que el mundo ha experimentado en las últimas décadas.

 

Lo he planteado en ocasiones anteriores: la capacidad de seguir extendiendo las medidas de aislamiento está determinada por la posibilidad de solventar fiscalmente dichas medidas. Y hoy, la realidad es que la situación fiscal de Chile es frágil. Los ingresos tributarios caerían cerca de 20% este año, si consideramos que el PIB se contraerá probablemente el doble a lo contemplado en el último Informe de Finanzas Públicas.

 

La posición conservadora que ha mostrado el Gobierno para realizar mayores desembolsos intenta cuidar los recursos fiscales. Por su parte, la oposición clama por un mayor gasto financiado con más deuda (a tasas históricamente atractivas) y/o con el uso de los recursos aún relevantes del Fondo de Estabilización Económico y Social. En esta coyuntura tan dolorosa, no hay una postura buena o una mala, sino dos visiones diferentes que tienen como fin resolver las mismas preocupaciones.

 

Una manera de reconciliar esta disyuntiva sería trabajar en un acuerdo político amplio, con sustento técnico, que entregue convicción a todos sobre la sostenibilidad fiscal. Aquello podría pasar por reevaluar la Regla Fiscal y, por qué no, reemplazarla por un instrumento más adecuado para el nuevo desafío fiscal de largo plazo que enfrenta Chile.

 

La actual Regla Fiscal adolece de opacidad y otorga una flexibilidad excesiva a la administración de turno. El gasto ha perdido parte no menor de su deseable comportamiento acíclico. Hemos tenido varias maneras de ajustar la convergencia fiscal y medir el déficit estructural los últimos años -dependiendo de la creatividad del ministro y asesores de turno-, lo que la ha transformado en un instrumento con grados de discrecionalidad mayores de lo deseable.

 

Este es uno de los elementos que mella la convicción de que reduciremos los déficits efectivos durante los próximos años al ritmo contemplado en las proyecciones del consenso. Difícil tenerla, cuando esta pandemia ha levantado desafíos en el sistema de salud y dejará, probablemente, la desigualdad y la pobreza como centros del debate.

 

Actualmente, los ingresos tributarios de la minería representan menos de la mitad que en 2006. El PIB tendencial tiene un comportamiento cíclico, mientras que el cuidado por los efectos macroeconómicos del gasto público persiste, pero en un contexto local y global muy distinto, con amplio control inflacionario y consolidada flotación cambiaria.

 

Existen hoy otras consideraciones que sugieren “mirar desde el balcón” el pasado de manera crítica y el futuro de manera desafiante. Una regla más simple que, sólo como ejemplo, defina límites máximos al nivel de endeudamiento bruto respecto a un benchmark de clasificación de riesgo y restricciones a la velocidad con que se puede converger. Probablemente, una regla de ese estilo adolecería de cierta ciclicidad del gasto, pero mejoraría la transparencia y colocaría más foco en el endeudamiento soberano, que será la mayor preocupación del mundo durante los próximos años.

 

Si somos capaces de llegar a un acuerdo político-técnico, que puede pasar por un nuevo instrumento (regla fiscal) que robustezca la mermada confianza en la sostenibilidad fiscal, se podría comprometer con más convicción un mayor gasto social estos meses que vienen.

 

Jorge Selaive
Académico Depto. Administración