* Publicado en Df.cl el 18 de agosto

 

Según datos el SII, en Chile existen cerca de 1,3 millones de empresas activas. De ellas, 800 mil son micro empresas, con una facturación promedio anual de UF 500. Si se asume un margen de 50% de ganancia, estos contribuyentes obtienen en promedio una utilidad de $ 8 millones. Si el dueño se las lleva o consume, y no tiene otras fuentes de ingresos, quedará exento en el impuesto personal. Esto quiere decir que el impuesto a la renta integrado tiende a cero para dos tercios de las empresas y sus propietarios.

 

Datos estables como estos explican la existencia del régimen de renta propyme transparente, introducido en la reforma del 2020. En este, la empresa queda liberada del impuesto de categoría, mientras que su dueño debe tributar con el impuesto personal por la utilidad generada, bajo la expectativa que quedará exento, lo que alienta mayores niveles de eficiencia.

 

Debiera resultar prístino que estos micro contribuyentes no estén en el régimen de tributación general, en el que se paga un impuesto de primera categoría del 27% o 25%. Errores, desconocimiento, falta de claridad, consejos incorrectos y la inacción del sistema, son las principales causas para que tributen en estos regímenes más gravosos. El problema que se genera en este caso es que se agrava la falta de eficiencia, ya que al estar exentos del impuesto personal se generan solicitudes de devolución de los créditos de primera categoría, lo que da lugar a fiscalizaciones y uso de recursos fiscales, incurriendo en mayores costos de cumplimiento y administración, pese a que el efecto neto en la recaudación tiende a ser nulo.

 

La informalidad de pequeñas empresas, que se estima en una cantidad similar al total de las formales, es otro factor que se añade al contexto. Dicho segmento, al igual que en otros países, no recibe mayor atención de las autoridades. Esto se debe al nivel de atomicidad que presentan los negocios informales, o el nivel de ocultamiento de operaciones informales debajo de operaciones formales difíciles de controlar, lo que genera una percepción de resultados pobres a difundir, con altos costos políticos y nula rentabilidad, lo que lleva a priorizar otras materias con mejores resultados de corto plazo.

 

Organismos internacionales señalan que la tributación múltiple, la tributación desproporcionada, y la tributación regresiva –a nivel regional y municipal– alientan mayores niveles de informalidad. Un factor que subyace a la negativa a la formalización tributaria es que pone en riesgo la obtención de beneficios sociales. Diferentes estudios evidencian que estos estarían dispuestos a formalizarse y cumplir si, además de mitigar estos aspectos, perciben que los impuestos pagados dan lugar a beneficios medibles y transparentes.

 

Sin embargo, aun cuando se formalicen, cada nuevo contribuyente aportaría una recaudación integrada que tenderá a ser nula en el impuesto a la renta, por lo que resulta ineficiente someterlos a un régimen que les genera costos de incumplimiento y cargas tributarias elevadas. Asimismo, sería desproporcionado que por desconocimiento o error queden afectos al futuro sistema dual, con una tasa del 22%.

 

Se suma a este contexto tributario las exigencias y deberes de otros sistemas como el laboral, previsional y aduanero, con regímenes de cumplimiento que, al estar desintegrados, vienen a profundizar la complejidad operacional y desempeño de estos contribuyentes.

 

Si bien la nueva reforma tributaria introduce medidas positivas, como la rebaja del IVA el primer año de operaciones de la pequeña empresa o las tasas de interés moratorio, que se suman a una larga lista de medidas pasadas, la búsqueda de un modelo más eficiente para estos importantes segmentos requiere de una profunda revisión estructural de la institucionalidad que conforman todos los sistemas de cumplimiento de este sector, especialmente el tributario, incluyendo medidas de corto plazo como asegurar que queden en el régimen tributario transparente.

 

La radiografía expuesta muestra que existe espacio para alentar un estatuto de cumplimiento moderno, simple e integral, proporcional en cargas tributarias, costos de cumplimiento, que aliente mayores niveles de eficiencia en beneficio del desempeño económico y social de nuestro país.

 

Víctor Villalón
Académico DCS