*Columna publicada en Diario Financiero 27 de abril

 

Chile y el mundo luchan contra un enemigo común que, además, dejará varias economías en recesión. El FMI anticipó que este año probablemente la economía mundial experimente la mayor crisis desde la Gran Depresión y, en el caso de Chile, el ministro de Hacienda sinceró que será el peor año desde los ochenta.

 

Hay que decirlo claramente: no se trata de elegir entre salud y economía, sino de buscar un equilibrio que permita proteger a la población del COVID-19, sin provocar un daño irreversible en el crecimiento. El ministro Briones lo dijo: “No se nos puede olvidar que si bien la salud es un elemento prioritario, acá está en juego proteger la vida, pero también es fundamental proteger los medios para la vida”

 

La capacidad de continuar con las medidas de aislamiento y cuarentena está determinada por la posibilidad de solventar fiscalmente dichas medidas. Mientras más tiempo se mantienen cerrados el comercio, servicios públicos y empresas, mayor es el desembolso que el Estado debe realizar para sostener a los trabajadores y dar liquidez a las empresas, en especial, a las más frágiles financieramente.

 

Chile ha llegado al límite de su gasto fiscal sin comprometer la capacidad de los próximos gobiernos de satisfacer nuevas y crecientes necesidades sociales. En salud, por ejemplo, no basta con construir más y mejores hospitales, también debemos gastar más en la accesibilidad rápida y en la inclusión de tratamiento para nuevas enfermedades. Y ese es sólo uno de los desafíos que tenemos por delante.

 

Varios han manifestado que el nivel de deuda es alto, pero no particularmente problemático. Tomando las estadísticas fiscales para 2020, la deuda sobre el PIB alcanzaría un 33%. Hacia 2024, con el actual gasto comprometido y asumiendo un crecimiento económico promedio de 2,5%, ese número se acercaría al 50%, lo que nos dejaría similares a Europa en esta dimensión, con la clara diferencia que existe en términos de productividad, provisión y acceso a bienes y servicios públicos, entre otros.

 

Los ingresos fiscales estarían retrocediendo no menos de 12% este 2020, explicados por las medidas tributarias y por el brutal ajuste a la baja del escenario macro. Recuperar el ingreso tributario es indispensable si se desea construir una realidad país más justa. La evidente inercia de dichos ingresos nos hace cuesta arriba esa tarea. No será fácil movernos a expansiones de ingresos fiscales, así como tampoco lo será convencer a la gente de que, por lo mismo, sus demandas sociales tendrán que esperar.

 

Algunos manifiestan que la solución es fácil, que está al alcance de la mano gastar la totalidad del FEES. Avanzar en esa dirección sólo daría cuenta del grado de desesperación, pero al mismo tiempo, costearía tan poco y por tan poco tiempo, que sería una gran decepción posterior. En este contexto tan desafiante fiscalmente, avanzar hacia monetizaciones de la deuda pública es tentador y, para muchos, si no resulta en esta coyuntura, resultará en la próxima. Se ha abierto una peligrosa puerta para la añorada (por algunos) simbiosis entre Banco Central y financiamiento fiscal.

La única vacuna para este complejo escenario es recuperar pronto el crecimiento económico que, en el corto plazo, está determinado por el regreso a lo que dignifica al hombre: el trabajo. En la medida que nuestro sistema de salud es capaz de satisfacer la demanda por atenciones, y las curvas de contagios y recuperados se estabilizan, resulta indispensable volver lo antes posible a la “nueva normalidad”.

 

Jorge Selaive
Académico Depto. Administración