El expresidente colombiano César Gaviria; el ex vicepresidente Humberto De la Calle; el ex ministro de Hacienda José Antonio Ocampo; y la decana de la Facultad de derecho de la Universidad de los Andes, Bogotá, Catalina Botero fueron los protagonistas del primer seminario virtual “Procesos constituyentes en democracia: el caso de Colombia”.
 

Este ciclo de análisis de casos es la primera de una serie de iniciativas con que las facultades de Economía y Negocios y de Derecho -a través programa interfacultades Lexen- acompañarán el proceso constituyente chileno.
 

“Desde la universidad tenemos la obligación de aportar a esta discusión a través de lo que sabemos hacer: proveer conocimiento y pensar en temas tan importantes para las próximas décadas en el país”, destacó el decano de la Facultad de Economía y Negocios, José De Gregorio, al presentar el webinar.
 

Pablo Ruiz-Tagle, decano de la Facultad de Derecho, indicó que la idea de conocer experiencias de otros países es aprender tanto de las cosas buenas como de los errores, para no repetirlos.
 

En su exposición, Gaviria recordó que antes del cambio constitucional su país tenía “una carta fundamental centenaria, autoritaria, centralista y parecía imposible cambiarla, porque la gente se aferra a las constituciones”. El proceso empezó a gestarse en 1988 producto del desafío de enfrentar el problema de los carteles de la droga, que se solapó con el alzamiento armado, lo que los había llevado “a una situación exótica con permiso constitucional: establecer una justicia secreta, jueces secretos, policías secretas, testimonios secretos”. Además, existía un descontento social que no se había sopesado.
 

En ese momento se hizo una propuesta de plebiscito de reformas constitucionales que consiguió una alta adhesión ciudadana: “Es impresionante lo que mueve a la gente el cambio político (…). Es muy importante que la gente sienta que la sociedad está cambiando en la dirección de sus demandas”. Sin embargo, ese primer intento no prosperó por vicios de constitucionalidad. El debate prosiguió en el Congreso, pero tras una seguidilla de asesinatos en 1989 por parte de los narcos, desde el estudiantado surgió una primera oleada de clamor de asamblea constituyente. “Cuando las sociedades tienen un nivel de violencia tan alto la respuesta debe ser más democracia”, sentenció Gaviria, quien entonces era candidato presidencial y recogió la idea.
 

El apoyo ciudadano ayudó a que la Corte Suprema legitimara la asamblea, que se diseñó con la idea de que tuviera 50 miembros y que en un semestre se hicieran la elección, las deliberaciones y la redacción de la Constitución.
 

“Unimos a los partidos y al M19, que ya tenía representación en el Congreso, y el temario se acordó entre todos. Es relevante que sea un proceso consensual, que nadie imponga sus ideas a los otros, que haya libertad para proponer cambios”, enfatizó el exmandatario. Para facilitar la participación de las minorías no representadas en el Congreso hicieron una circunscripción nacional que les permitiera juntar votos, “porque la representatividad de la asamblea constituyente era clave”. También relevó que los grupos contestatarios fueron mayoritarios, pero no infligieron ningún daño al sistema político ni económico; de hecho, contra todo pronóstico, se independizó al Banco Central del gobierno.

Según el expresidente, “no hubo daños económicos porque nos dedicamos al cambio político para quitar los resabios de autoritarismo”.
 

Gaviria sostuvo que la acción de tutela -mecanismo previsto en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia que busca proteger los derechos fundamentales de los individuos- ha resultado ser un mecanismo eficaz: “Ante cualquier juez una persona dice que están violando tal derecho y se falla 10 días; es un proceso oral, sin abogados y una manera de que la gente sienta que tiene derechos”. La calificó como la “más importante y excepcional” novedad de la Constitución de 1991. Aseguró que las cortes constitucionales en general han tomado decisiones razonables.  
 

“Ahora la gente no se queja de la Constitución. Se quejan de las autoridades, pero no de cómo se resguardan sus derechos”, destacó.
 

En conversación con la vicerrectora de Asuntos Económicos y de Gestión Institucional, Heidi Berner, Gaviria contó que la violencia no afectó la libertad de los constituyentes y que no cree que eso pase en Chile, “porque su pueblo es muy centrado”. 
 

Eso sí, a su juicio, la asamblea constituyente chilena tiene demasiadas restricciones, que pueden restarle legitimidad al proceso por la cantidad de cosas que exigen dos tercios: “Lo que hay que hacer es facilitar el cambio político y que nadie se sienta fuera del proceso”. Puso el acento en que la gente entienda que una nueva Constitución trae cambios políticos, no económicos; y que la parte económica debe ser clara y contundente.
 

Finalmente, planteó que es importante que se diseñen mecanismos ágiles de reforma constitucional, para que los eventuales errores se puedan resolver rápido.
 

La conversación con los panelistas fue moderada por los codirectores del programa interfacultades Lexen, Guillermo Larraín y Diego Pardow, académicos de la FEN y la Facultad de Derecho respectivamente.
 

Humberto De la Calle, quien fue ministro de Gaviria y vocero único de la Constituyente, rol en que ejerció de guía del proceso y facilitador de los consensos, detalló que aparte de los asesinatos de candidatos presidenciales, un juez y un comandante de policía por el terrorismo urbano de los narcotraficantes y de sus intentos por cooptar al Estado, que generó una situación límite en materia de orden público, hubo otros detonantes del proceso constituyente.
 

De la Calle destacó que al final del proceso presentaron “una doble columna” para transparentar lo que propuso la comunidad y lo que se acogió en la Constitución.
 

El exministro de Hacienda José Antonio Ocampo relevó que “nuestra constitución parte diciendo que Colombia es un estado social de derecho, lo que fue un inmenso avance; y la figura de la tutela para defender los derechos fue otro. Es cierto que el gasto social ha aumentado, pero había claridad de que el Estado era muy pequeño para satisfacer las necesidades de la población; el gasto social ha aumentado de 10% a 17% del PIB, que se ha financiado con varias reformas tributarias, pero pequeñas”.
 

A su juicio, las tutelas solo han sido problemáticas en el caso de sentencias en materia de salud que han dado derecho a tratamientos muy costosos.
 

También se estipuló que Colombia es una república unitaria descentralizada. Reparó en que por un tiempo se lograron avances, pero después hubo retrocesos: “Hoy somos menos descentralizados”.
 

Respecto del Banco Central, existe un grado de coordinación con el ministro de Hacienda, que ejerce un voto de siete en su consejo. Un fallo de la corte constitucional de 1999 determinó que aparte de la inflación, no puede ignorar el tema del empleo a la hora de tomar decisiones de política monetaria.
 

Por su parte Catalina Botero destacó que la asamblea fue capaz de pensar institucionalmente la Constitución y que hasta entonces no había habido un órgano más participativo, plural y diverso; y que ninguna posición política fue hegemónica ni intentó imponer su modelo de gobierno. “Fue importante que no existiera una polarización que llevara a una fuerza política a imponerse. Por eso salió bien el texto, aunque con algunos problemas que se han venido corrigiendo”.
 

Enfatizó en que la Carta Magna recoge la tradición del constitucionalismo de posguerra y es una verdadera norma jurídica que tiene en el centro la dignidad humana, lo que se traduce en un catálogo robusto de derechos y en un sistema muy poderoso de garantías de esos derechos. Esto, a través de una jurisdicción constitucional que tiene una corte especializada que abarca a todos los jueces del país; y de la creación de la defensoría del pueblo.
 

Reconoció que en el ámbito de la representación se cometió un error, que luego se corrigió: para romper la lógica del bipartidismo -que había dominado a la política colombiana durante mucho tiempo- se flexibilizó la creación de partidos, los que se atomizaron y se volvieron más frágiles frente a los grupos armados. Para debilitar al hiperpresidencialismo se restringieron los regímenes de excepción; se limitó la posibilidad de que el presidente ejerciera facultades legislativas; y se hizo el fallido intento de descentralización.
 

Respecto del proceso chileno recomendó que los tres grandes campos en los que se debe trabajar para crear una nueva Constitución son: como crear paz y mejor ciudadanía a partir del reconocimiento de los derechos; limitar el hiperpresidencialismo; generar más democracia y participación. “Todo, siempre buscando consensos y renunciando a imponer lo que creemos para poder conseguir un consenso en que todos quepamos” concluyó.